La Municipalidad de Lima debe considerar que el contrato con Rutas de Lima implica derechos fundamentales de millones de ciudadanos, por lo que debe ser renegociado garantizándolos.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la suspensión definitiva del cobro de peaje en Puente Piedra y la renegociación del contrato anunciado por la Municipalidad Metropolitana de Lima es positiva. Sin embargo, la renegociación resultaría insuficiente si no se garantizan los derechos fundamentales de las personas, como sucede con los actuales términos del contrato suscrito con Rutas de Lima, que afecta derechos de millones de ciudadanos.
“Consideramos que es indispensable la renegociación del contrato, pero con un enfoque que permita armonizar los derechos fundamentales de los ciudadanos con la necesidad que tiene la ciudad de desarrollar su infraestructura y dar mantenimiento a sus vías”, sostuvo Gutiérrez.
Señaló que la posición de la Defensoría del Pueblo plantea el respeto a los contratos, así como la promoción de las inversiones, resulta fundamental para el desarrollo de nuestra economía y la mejora de la prestación de los servicios públicos. Pero cuando no consideran un enfoque de garantía y protección de los derechos de las personas en su diseño o implementación, se tornan inviables.
“Un contrato carente de un enfoque de derechos no tiene viabilidad. Y ello parte de la necesidad de transparentar y difundir a los ciudadanos de determinadas zonas de influencia de los proyectos sus beneficios e impactos, para evitar posteriores crisis”, añadió el Defensor del Pueblo.
Sostuvo que la noticia de hechos de corrupción confesos, como viene ocurriendo con Odebrecht, plantea a las autoridades la necesidad de emprender una revisión minuciosa del contenido de los contratos y su cumplimiento.
