Por Wilfredo Pérez Ruiz (*)
La ley de áreas naturales protegidas (ANP) precisa: “Son espacios del territorio nacional tanto terrestre como marinos reconocidos por la Constitución Política del Perú y protegidos legalmente para conservar la diversidad biológica, los valores culturales, paisajísticos y científicos que contribuyen a un constante y sostenible desarrollo del país”. Es decir, constituyen lugares poseedores de un potencial que amerita su preservación a fin de aprovecharlo en beneficio de la población.
De modo que, evitemos observarlas como escenarios intocables alejados de la posibilidad de satisfacer las necesidades de las comunidades locales establecidas desde tiempos lejanos. Su trascendencia está vinculada con la atención de sus requerimientos más elementales de supervivencia a través de la regulación del clima, protección de cuencas, control biológico, cuidado del hábitat de las especies, mantenimiento de la biodiversidad, fuente significativa de alimentación y subsistencia, extracción de recursos silvestres, posibilidad genética y medicinal, protección de costas, entre otros.
El Perú posee 158 ANP que abarcan el 16.93 por ciento de la superficie nacional y conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) integrado por 77 de administración nacional, 15 de conservación regional y 66 de conservación privada.
La primera fue la Reserva Nacional de Cueva de Lechuza (Huánuco, 1950), erigida por iniciativa del Comité de Protección de la Naturaleza —liderado por el ingeniero José Barreda Ramos— con una extensión de 100 metros. Luego sería incorporada al Parque Nacional Tingo María. Años más tarde, se formó el Parque Nacional de Cutervo (Cajamarca, 1961), en un perímetro de 2,500 hectáreas, a iniciativa del biólogo y parlamentario Salomón Vílchez Murga.
Poco tiempo después se celebró la Primera Conferencia Mundial de Parques Nacionales en Washington (1962) —auspiciada por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)— con la participación de 70 países. Su trascendencia ha sido inestimable por el estímulo brindado para la formación de ANP. Como resultado se instituyó el Comité Latinoamericano de Parques Nacionales de la UICN.
En 1963 se creó el Servicio Forestal y de Caza del sector Agricultura para evaluar, organizar y gerenciar las ANP. Su primer director fue el ingeniero Flavio Bazán Peralta. Posteriormente, en 1964 se constituye el Patronato de Parques Nacionales y Zonales (Parnaz) —en el ámbito del ministerio de Fomento y Obras Públicas— bajo la conducción del conservacionista Felipe Benavides Barreda.
Al año siguiente llegó a nuestra patria, invitado por el presidente del Parnaz, el biólogo británico y héroe de la Segunda Guerra Mundial, Ian Grimwood, con la intención de estudiar los especímenes silvestres y analizar la viabilidad de promover la creación de ANP. Este renombrado experto permaneció dos años recorriendo el país. En su documentado informe titulado “Recomendaciones para la conservación de la vida salvaje y el establecimiento de parques y reservas nacionales en el Perú”, formula un análisis exhaustivo de nuestra fauna y flora, incluyendo la formación de ANP considerando su venidera utilidad científica y turística.
Gracias a la visión de Benavides se forjaron vínculos con la UICN y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con el afán de realizar las evaluaciones requeridas y canalizar la ayuda pertinente para hacer nuevas ANP. Los escasos medios estatales fueron suplidos por la colaboración técnica y económica extranjera. En este sentido, cumplió una loable labor la Asociación Pro-Defensa de la Naturaleza (Prodena), la única entidad privada nacional en integrar el directorio internacional del WWF y la más antiguas agrupación ecologista de nuestro medio.
Así se logró llevar acabo la fundación de la Reserva Nacional de Pampa Galeras (1967), el Parque Nacional del Manu (1973), el Parque Nacional Cerros de Amotape (1975), la Reserva Nacional de Paracas (1975), etc. Durante el período militar (1968-1980) se instituyeron ANP por suponerse, entre otras motivaciones, excelentes instrumentos para alentar íconos de sentimientos nacionalistas coincidentes con el ideario del régimen de facto. El “boom” de las ANP llegó a su esplendor en aquella década.
Es conveniente incidir, una vez más, que las ANP deben encaminarse a la explotación directa e indirecta de sus recursos naturales con la finalidad de aportar al desarrollo. Por lo tanto, convendría considerar en los planes de gobierno su rentabilidad. Debe coordinarse a nivel multisectorial su integridad e intangibilidad para sortear el continuo desgaste y depredación de su frágil ecosistema como resultado de la improcedente actuación humana.
Un caso visible acontece en la Reserva Nacional de Paracas, cuyas 335 mil hectáreas están expuestas a irresponsables invasiones de sus amplios desiertos. No se acata su demarcación, son inexistentes los medios logísticos para impedir que los concurrentes irrumpan sitios prohibidos y, por último, el estado apenas tiene limitado personal destinado a su vigilancia. Su inmensa extensión está expuesta a un sinnúmero de actividades lesivas a su protección.
Dentro de este contexto, tampoco se respeta su Zona de Amortiguamiento determinada en su Plan Maestro y que “son aquellas zonas vecinas o adyacentes a las ANP que, por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida”. En estas superficies se puede incentivar el ecoturismo, concesionar servicios, recuperar hábitat, etc. Las acciones a efectuarse deben contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, es inverosímil lo acaecido en esta vulnerable franja costera.
Es necesario dotar al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) —adscrito al ministerio del Ambiente— de mayor respaldo a fin de cumplir a cabalidad sus atribuciones. Este organismo tiene la misión de apuntalar la permanencia de las ANP en su calidad de ente rector del Sinanpe. Sugiero consolidar su marco institucional y normativo, lo que demanda indudable capacidad de gestión e inequívoca voluntad política.
Requerimos convertir las ANP en un ejemplo de sostenibilidad. Es urgente concertar objetivos y estrategias y, además, enfatizar su contribución en la mejora de la calidad de vida de los peruanos de hoy y del mañana. Tengamos siempre presentes las palabras de la destacada naturalista, fotógrafa y escritora canadiense Sylvia Dolson: “La naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. Es nuestra responsabilidad universal pasar una tierra sana a las futuras generaciones”.
(*) Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda. http://wperezruiz.blogspot.com/