Desde hace más de una década se vienen realizando monitoreos ambientales en la zona por la sociedad civil y por parte del Estado donde se alerta la contaminación, sin embargo hasta el momento las autoridades no toman las medidas respectivas para atender a la población afectada, señala el informe “Metales pesados tóxicos y salud pública: El caso de Espinar”, elaborado por un conjunto de instituciones que trabajan el tema de salud ambiental en Espinar.
El informe sobre la contaminación en Espinar, Cusco, pone bajo la lupa la alarmante situación de la exposición a metales pesados en la que se encuentran cientos de ciudadanos de la provincia cusqueña y la débil respuesta del Estado frente a esa problemática.
Sobre la vulnerabilidad de la población el informe da cuenta de la situación de desnutrición y anemia, asociada a los niveles de pobreza y a la falta de agua segura. Estos hechos, hacen que las personas contaminadas tengan mayor riesgo de afectación a su salud.
En Espinar, tras 35 años de explotación minera, el 65% de los pobladores de la provincia viven en situación de pobreza. De acuerdo al INEI, año 2009, de toda la provincia, el distrito de Espinar es el que tiene la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica (1,547), lo que representa el 44,9% del total y un incremento absoluto de 626 con respecto al ENDES 2007.
Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de Espinar no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.
Los esfuerzos del Estado peruano para proteger y atender la salud de la población de la provincia de Espinar, región Cusco, no son suficientes. “No existe un esfuerzo por proteger a la población; por el contrario, defiende la tesis sobre la contaminación natural por alta mineralización en Espinar”, señala el informe. Sin embargo, hasta la fecha no se concluyen los estudios de causalidad sobre la contaminación existente, pese a que ya transcurrieron casi cinco años desde que el Estado asumió el compromiso de hacerlos. Mientras tanto se sigue postergando una respuesta efectiva.
“Casi seis años después de los primeros resultados del CENSOPAS y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni el presupuesto necesario para afrontar la grave situación existente en la provincia de Espinar. Mientras tanto, la población sigue expuesta a los metales y aumentando su situación de riesgo”, sostiene el informe.
Ante el fracaso de los varios planes y descoordinaciones del gobierno, los afectados de Espinar exigen que se declare el estado de emergencia sanitaria por exposición crónica a metales pesados en la provincia, como medida para asegurar que se activen mecanismos efectivos de inversión pública para la atención a la salud y a las fuentes de agua. No obstante, las entidades de gobierno hacen caso omiso a las demandas y continúan con una estrategia mínima de atención genérica y esporádica a la población. La situación es tensa y el conflicto en la zona se mantiene latente.
El informe concluye que el caso de Espinar es un claro ejemplo de los graves impactos en la salud que se producen en varias zonas con presencia minera en nuestro país, la ineficiente respuesta del Estado y la ausencia de políticas públicas orientadas a proteger y a atender de manera eficiente a las poblaciones de estos lugares.
Señala además que servicios básicos, como: suministro de agua potable, seguridad e inocuidad alimentaria, el manejo adecuado de efluentes y residuos sólidos urbanos no se encuentran debidamente garantizados, ni en calidad, ni en cantidad y temporalidad suficientes. Esto incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio y que la contaminación deteriore la salud de las personas.
Entre sus recomendaciones sostiene que se hace necesario caminar hacia un marco político que prevea la prevención, atención y tratamiento especial a la salud de las personas que habitan y sufren los impactos de contextos mineros en el país, y que se debe de generar una masa crítica de profesionales con especialidad y competencia de aplicación inmediata en materia sanitario-ambiental tanto urbana como rural; con énfasis en su aplicación a las localidades afectadas por actividades de explotación y procesamiento minero a nivel nacional. En el caso de Espinar, los niveles de intervención requieren procedimientos y equipo sofisticado desde los centros de salud y su personal; lo que probablemente origina citas transferidas a lugares alejados.
Formalizar la creación de una entidad supervisora - fiscalizadora de salud ambiental y ocupacional; crear, preparar y ejecutar los protocolos necesarios ante eventos naturales y no naturales potenciales o en ocurrencia por desastres químicos, físicos, radioactivos, etc. Fortalecer y dar cumplimiento al programa de presupuesto por resultados en el tamizaje y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, entre otros.
Cabe señalar que el informe ha sido elaborado por CooperAcción, Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Frontera (Cusco), Broederlijk Delen, tomando como base el estudio “Diagnóstico de salud ambiental humana en la provincia de Espinar, Cusco”, del Dr. Fernando Osores. Presentado en el marco de la semana del Primer Encuentro de afectados por metales pesados en el país.
Link del informe: goo.gl/UDpiz1
