Vida Ley: muchas golondrinas sí hacen verano
Por Humberto Campodónico
Lo que acaba de pasar con el Seguro de Vida Ley es un claro ejemplo de la trama de relaciones económicas, políticas y sociales en el Perú, vale decir, de las relaciones de poder.
Hasta hace poco, las personas que estaban en la planilla de la empresa por más de cuatro años podían acogerse al Seguro de Vida Ley, que era pagado por el empleador, porque así lo establecía el DL 688–Ley de Consolidación de los Beneficios Sociales. Para los empleados, la prima era el 0,53% del sueldo; para los obreros, el 0,71% del salario; y el 1,46% para los que desarrollan actividades de alto riesgo.
Entre los beneficios estaba que los deudos recibirían 16 remuneraciones mensuales por muerte natural y 32 en caso de muerte accidental; el trabajador percibiría 32 remuneraciones en caso de invalidez total y permanente por accidente.
Pero la Ley 25949, promulgada en agosto del 2010 (y promovida por Juan Carlos Eguren del PPC, según El Comercio: “Sepultan Seguro de Vida Ley”, 19/03/2011) establece que si el trabajador se jubila, entonces ya no rige el DL 688 y hay que renegociar todas las tasas y primas, lo que ha sido ratificado por el reglamento en marzo.
Dice El Comercio: “Se han multiplicado los costos en 5, 10 o 15 veces, en perjuicio de las personas que desean mantener vigente el beneficio. Es decir, si una persona al jubilarse pagaba S/. 120 anuales por su póliza de seguro, esta puede incrementarse —debido a la Ley 25949— a S/. 1,200 anuales, dependiendo del ánimo de los agentes de seguros y las tarifas que puedan ofrecerle en el mercado” (ídem).
Lo primero que se aprecia es que las grandes empresas de seguros son un poder fáctico que impulsa “lobbies” en el Congreso para promulgar leyes que satisfagan sus intereses, en este caso a costa de exprimir a los que se jubilan, impidiendo que paguen las mismas tasas que pagaban las empleadoras, elevando hasta en 10 veces dicho monto, justo en el momento más difícil…
Ojo que esto se lo hacen al trabajador formal que, supuestamente, tiene capacidad de pataleo, algo que no tiene el trabajador informal.
Lo segundo es que esto se hace invocando al “modelo de libertad económica” cuando, en verdad, nada tiene que ver con este. Lo mismo sucede cuando no se quiere que exista el salario mínimo o cuando se está en contra de la pensión no contributiva, que todos los mayores de 65 años reciban una pensión, aunque no hayan podido aportar a algún fondo de pensiones.
Lo tercero es que, como es lógico, los afectados se dan cuenta de que no existe equidad en este caso, así como en los que han sucedido antes en otros sectores y en nuevos casos que saben que están por venir. La cuestión es que en algún momento la cantidad se convierte en calidad —una sola última gota rebalsa el vaso y muchas golondrinas sí hacen verano—, cosa que suele coincidir con las épocas electorales. Y allí la gente se acuerda de los congresistas lobbystas y de sus partidos.
Lo cuarto es que los propios impulsores del “libre mercado” pareciera que no se dan cuenta de las consecuencias de sus actos.
Como dice José Távara: “Las personas y empresas que se han beneficiado del sistema actual no quieren perder su estatus privilegiado y no parecen estar dispuestas a experimentar con nuevas instituciones (…). Según Epicteto: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe” (El Estado fantasma y el fundamentalismo del libre mercado, Domingo, 3/04/2011).
Lo que hace falta aquí es ponernos al día, dejando de lado la idea obsoleta de que el mercado lo resuelve todo (“idea” solo para algunos despistados pues de lo que se trata es de preservar intereses crematísticos bien concretos). Se trata de una nueva relación entre mercado y Estado que a veces se expresa en esta fórmula simple: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Así, evitaremos que, como uno de muchos casos, se sepulte el Seguro de Vida Ley.
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