Ya es hora
Por Humberto Campodónico
Las empresas públicas tienen singular importancia en la mayoría de países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia la producción y exportación de petróleo de la estatal ECOPETROL contribuye de manera significativa a la generación de divisas y los ingresos tributarios del Estado. Además, ECOPETROL se está internacionalizando y hace poco compró una petrolera peruana, Petrotech, en el mar de Talara.
También es importante la estatal eléctrica ISA, con sede en Medellín, que en el Perú compró Etecen y Etesur, empresas estatales que manejaban todas las torres de transmisión, pero que fueron privatizadas bajo Toledo, en lo que ha sido uno de los mayores desaciertos privatizadores pues funcionaban como un relojito. En Brasil es clave Petrobrás, que ha duplicado la producción de petróleo en 10 años. Ahora el país se autoabastece y no depende del petróleo importado. Tiene inversiones en Africa, Asia y EEUU. En Argentina es el segundo productor de petróleo después de Repsol y en el Perú tiene campos en Talara y el Lote 57, cerca de Camisea, donde ha descubierto 1.7 bpc de gas natural. Tanto Petrobrás como ECOPETROL cotizan en la Bolsa de Valores y tienen un sistema de elección por méritos de su Presidente, para que la presida un profesional con trayectoria —y honesto—. También tienen un comité de control de las compras, con la participación de la sociedad civil y los gremios empresariales. Con esas dos medidas, pueden evitar tanto la repartija de cargos de aquellos que consideran las empresas estatales como un botín político como los “faenones” made in Perú.
En Chile la estatal Codelco es la primera empresa de cobre del mundo y sus costos de producción son iguales a los de las empresas privadas. En el 2010 tuvo exportaciones por US$ 16,066 millones y pagos al fisco por US$ 6,069 millones (Memoria 2010), que incluyen US$ 1,271 millones para sus FFAA. Así, Codelco es eficiente, genera divisas y aporta impuestos. Qué les parece.
También está la estatal ENAP, dueña de las dos únicas refinerías de Chile y que es una herramienta para lograr un abastecimiento energético seguro y confiable. Cuando en el 2004 Argentina restringió en 85% las exportaciones de gas a Chile, ENAP formó una Asociación Público-Privada (APP) con British Gas e invirtió US$ 1,050 millones para construir un Terminal de Regasificación, donde ahora llegan buques metaneros de todo el mundo. Además, en el Perú es dueña del 50% de los grifos Primax —el otro 50% es del Grupo Romero—. Esta compra ocurrió bajo Toledo, negándole explícitamente a Petroperú que participe en la operación.
Así, solo aquí la derecha arcaica sigue planteando que las empresas públicas son sinónimo de atraso, motivo por el cual se aferran al Art. 60 de la Constitución de 1993 que establece la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Eso no forma parte de la Constitución ni siquiera de EEUU ni de país europeo alguno ni, tampoco, claro está, de ningún país de la Región. Una Petroperú con “look” Petrobrás, ECOPETROL y Codelco fácilmente podría participar en una APP con empresas privadas para comenzar, ya, la construcción del gasoducto andino con las reservas del Lote 88. Todo el sur tendría gas —energía— para las industrias (el mercado brasileño está al lado), para los autos en las ciudades y para el transporte interprovincial, para la petroquímica de Ilo. En fin. La derecha no quiere empresas públicas en esos sectores para que todo sea de los privados. No tiene intereses estratégicos nacionales pues solo piensa en las ganancias de fin de año. Es en ese marco que se mueven, felices, las empresas extranjeras.
Claro, si el Estado no raya la cancha del desarrollo nacional, ¿por qué habrían de hacerlo ellos? En el Siglo XXI las empresas públicas son la garantía del abastecimiento energético, lo que significa que debe derogarse —por anacrónico y antinacional— el Art. 60 de la Constitución Fujimori-Yoshiyama. Ya es hora.
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