Línea de base
Por Humberto Campodónico
Casi todos los países de la región han puesto el péndulo al medio en las relaciones entre mercado y Estado. Pero en el Perú eso no sucede. Para avanzar en ese camino hay que implementar una política de diversificación de la base productiva (a la Porter) profundizando la descentralización y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Existen políticas específicas que son condición sine qua non para lograrlo. A nuestro criterio, son estas las políticas que constituyen la línea de base.
• Las reservas de gas del Lote 88 y del Lote 56 son “regalos de Dios” que provienen de US$ 500 millones de inversiones efectuadas por Shell en las décadas del 80 y 90. Estas reservas revirtieron gratis al Estado peruano pues no se pudo concretar un contrato entre las partes.
Sin embargo, por modificaciones ilegales de la legislación vigente, ahora se pueden exportar las reservas del Lote 88, con lo cual se desabastece el mercado interno y perdemos nuestra independencia energética para pasar a consumir petróleo importado. Hoy, la empresa se niega a negociar con el gobierno de García la vuelta del gas del Lote 88. Esto debe terminar. Las negociaciones deben continuar hasta lograr el objetivo.
• En el Perú la Ley 27711 y la Ley 28318 (del 2004) dicen que el salario mínimo se determina por el Consejo Nacional del Trabajo (participan el gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores) con una periodicidad de dos años y de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta la productividad y la inflación.
Pero los gobiernos se zurran en la legislación vigente y aumentan el salario mínimo cuando les da la gana, motivo por el cual ha venido perdiendo poder adquisitivo. Para remediar esta situación hay que elevar el salario mínimo a 750 soles y darle mayor autonomía al CNT (como en Chile y Colombia) para que se cumplan las leyes vigentes.
• Es indispensable que la presión tributaria aumente, progresivamente, del magro 15% actual hasta el 18% del PBI, como lo establece el Acuerdo Nacional del 2002. Esto es indispensable para que el Estado pueda aumentar la inversión social y en infraestructura para reducir la desigualdad y aumentar la competitividad.
Para el actual gobierno esto no tiene ninguna prioridad. El Marco Macroeconómico Multianual del MEF solo espera recaudar 15.0, 15.2 y 15.4% del PBI en 2011, 2012 y 2013. Eso no va. Se de ampliar la base tributaria, disminuir las exoneraciones (sobre todo al sector financiero) y combatir la evasión tributaria al IGV y al impuesto a la renta.
• La pensión no contributiva —llamada Pensión 65 por Gana Perú— es una obligación de equidad porque irá a aquellas personas que han trabajado toda su vida y no pudieron aportar a ningún sistema de pensiones. La introducción de esta pensión deberá ser paulatina, priorizando a los sectores rurales de pobreza extrema, comenzando por los mayores de de 75 años. La Pensión 65 deberá ser financiada con recursos del Tesoro y no se tocará el dinero de las AFP.
• Para que mejore nuestro servicio civil la reforma del Estado debe basarse en la meritocracia (chau tarjetazos, ascienden los mejores) y homologación de los sueldos y salarios. A los neoliberales les interesa el desprestigio del Estado y los servidores públicos para deslegitimarlos. Eso debe terminar. Casi toda la legislación necesaria ya está disponible. Solo falta implementarla.
• El impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras se aplica en todo el mundo pues hoy la situación es radicalmente distinta a la de hace 20 años. En Australia, Israel, Azerbaiján y Chile —solo para mencionar algunos— la tributación varía de acuerdo a la rentabilidad, de manera que la Nación reciba una renta adecuada por la explotación de sus recursos naturales. El óbolo minero —que termina en el 2011— ha revelado ser completamente insuficiente y debe ser reemplazado por una legislación moderna.
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