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Por Humberto Campodónico
En abril del 2008 el presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, promulgó una nueva ley de impuestos a la minería. Dijo el presidente que su país no estaba recibiendo ingresos adecuados por su principal producto de exportación, el cobre, que representó el 75% del total de US$ 4,600 millones exportados por Zambia en el 2007. El PBI de Zambia fue US$ 15,000 millones en el 2008.
El nuevo régimen tributario es el siguiente: la regalía sube de 0.6 a 3% del valor bruto de los minerales exportados. El impuesto a la renta para las empresas mineras aumentó del 25% al 30%. También se estableció un impuesto a la renta de 15% (adicional a la tasa del 30%), cuando las utilidades superen el 8% de sus ingresos totales.
Además, se estableció un Impuesto a las Ganancias Extraordinarias para aprovechar los altos precios del cobre. Funciona así: el impuesto es 25% cuando el precio del cobre es superior a US$ 2.50 pero inferior a US$ 3.00/libra. El impuesto sube a 50% cuando el precio es superior a 3, pero inferior a US$ 3.50/libra y a 75% cuando el precio del cobre sea superior a 3.50 dólares/libra.
Al FMI la medida le pareció buena: “En el 2008 los ingresos tributarios totales aumentarán de 18.7% a 22.2% del PBI sobre todo porque —después de la nueva ley minera— los ingresos provenientes de la minería equivaldrán al 3.2% del PBI” (Zambia, Consulta del Artículo IV, junio 2008, Informe 08/187, www.imf.org).
Añaden: “Los recursos servirán para financiar los proyectos de alta prioridad identificados en el V Plan Nacional de Desarrollo, tomando en consideración la capacidad de implementación de proyectos y el impacto económico que tendrá el gasto adicional” (ídem, p. 3). Agreguemos que la población de 12 millones tiene un ingreso per cápita anual es US$ 1,250 (US$ 120/mes), una esperanza de vida al nacer de tan solo 40 años y que 1.1 millones de personas tiene el virus HIV/Sida.
Pero a las empresas mineras el nuevo régimen tributario les pareció muy malo e invocaron sus “Acuerdos de Desarrollo” (equivalentes a los contratos de estabilidad tributaria del Perú). Durante todo el 2008 llevaron a cabo una campaña para derogar la nueva ley de tributos mineros, a lo cual se opuso la mayoría de la población.
Pero pudo más la presión de las empresas. En los primeros meses del 2009, después de la muerte del presidente Mwanawasa, el nuevo gobierno derogó el impuesto a las ganancias extraordinarias. Sin embargo, sí quedó en pie la regalía del 3% y el impuesto del 15% (adicional a la tasa del impuesto a la renta del 30%) cuando las utilidades superen el 8% de los ingresos de la empresa.
Así, en esta batalla por una mejor distribución de la renta minera, el gobierno de Zambia tuvo unas de cal y otras de arena. Las empresas lograron que no se aplique el impuesto a las sobreganancias, pero tendrán que pagar regalías del 3% y el impuesto progresivo (incluso las que tienen Acuerdos de Desarrollo). De su lado, el gobierno logró una mejora de sus ingresos tributarios, aunque menor a lo estimado originalmente.
En el Perú, el actual gobierno se opuso a llamar a sentarse a la mesa a las empresas mineras para renegociar los contratos y aumentar los ingresos tributarios. Se arguyó que no se podía hacer porque de por medio estaban los contratos de estabilidad tributaria, contentándose con el óbolo minero. En otras palabras, no dio batalla y no se guardó pan para mayo.
No solo eso. Se podrían haber establecido mejores y diferentes reglas tributarias para las nuevas inversiones mineras, adecuándonos al actual clima internacional, que es favorable a una repartición equitativa de la renta minera entre el Estado y las empresas. Como lo hizo Zambia, un país pobre y pequeño.
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