Caso Doe Run: Sin planeamiento ni estrategia

Privatización de Centromín, 15 años después

Caso Doe Run: Sin planeamiento ni estrategia

Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

Han pasado más de 15 años desde que se inició la privatización fragmentada de Centromín Perú, el complejo minero metalúrgico más importante del país, que operaba integrado entre unidades mineras, plantas de energía eléctrica, red de ferrocarriles, y lo más importante, las unidades de fundición y refino de La Oroya que producen 11 metales y 9 subproductos, es decir, este complejo constituye lo más avanzado en lo referente al valor agregado minero, situado estratégicamente en el centro del Perú.

Las unidades de fundición y refino de La Oroya gracias a las políticas privatizadoras de los años noventa fueron transferidas a Doe Run Perú del grupo Renco en los Estados Unidos de Norteamérica, y desde inicios del presente año en razón del desplome de la Bolsa de Wall Street, y la profunda depresión de la economía americana -que como señalara el profesor norteamericano de la New School de New York Anwar Shaikh en su reciente visita a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM “esta crisis durará largo tiempo, quizá una década”- prácticamente está al borde del colapso, operando a menos del 30% de su capacidad, carente de crédito, sin proveedores confiables y se ha convertido en un grave problema económico y social para el gobierno, las empresas, sus trabajadores y autoridades regionales.

Así, realizando un análisis de largo y corto plazo, de las “causas causales” y coyunturales que explicarían la crítica situación de La Oroya, podríamos señalar que la causa estructural de la crisis e inviabilidad presente de La Oroya, se debe a la falta de planeamiento estratégico en la privatización efectuada, que inspirada en las políticas neoliberales de los noventa, sostenían que las fuerzas del mercado absorbían los des equilibrios automáticamente y que el mejor regulador era el libre mercado.

Por ello, sería interesante consultar a los entes que auspiciaron la privatización fraccionada de Centromín Perú S.A. como el First Boston/ Macroinvest de la consultora Macroconsult, a los miembros y expertos de los comités de privatización (Cepris), que ocupan hoy altos cargos de responsabilidad pública y privada, sobre la presente situación que fue advertida por muchos críticos entre los cuales me ubico de un cuestionable proceso.

Así, en el famoso Libro Blanco General de la Privatización Anexo 8 Resumen Ejecutivo Privatización Fraccionada, en el punto 3.3 referido a la Estrategia para la Privatización, la consultora señala que: “Sobre las Economías Internas: Perciben que no existe sinergia que justifique la integración vertical de las minas y La Oroya, con excepción de la que pueda considerarse dependiente entre La Oroya y Cobriza. Así mismo, perciben que no existe sinergia que justifique la integración vertical de las centrales hidroeléctricas y las operaciones minero-energéticas.”

De nuestra parte, nos reafirmamos que esta privatización fragmentada de Centromín Perú nunca debió ejecutarse en el marco de la decisión de privatizar a cómo de lugar los diversos activos y empresas rentables que tenía el estado peruano. Por ello, como dice el bolero “recordar es volver a vivir”, de allí que es importante hacer un “remember” sobre lo que fue la frustrada venta integrada de Centromín Perú del 10 de mayo del 1994, cuando el patriarca de la minería peruana, Alberto Benavides de la Quintana, opinaba contra la privatización fragmentada que algunos inversionistas y consultoras auspiciaban, él decía: “En mi opinión, venderlas por separado hubiera sido como quitar el motor para vender el automóvil” (Revista Caretas 12 de mayo 1994)

De allí, que frente al avisado fracaso de la venta integrada de Centromín Perú, se optó por la venta fraccionada de sus unidades, el camino más expeditivo para deshacerse de valiosos activos estatales para valorizar el capital privado. Lo cierto es que Centromín Perú como empresa estatal operaba hasta 1995 de manera integrada con sus unidades mineras de Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco que fueron transferidas a favor de la Mra. Volcan a fines de la década de los noventa al igual que las unidades de Casapalca (Mra. Yaulicocha) y Morococha; también fueron privatizados sus diversos proyectos mineros como Antamina, Toromocho respectivamente; su participación en Mra. Buenaventura y Mra. Tintaya, y actualmente solamente la unidad de Cobriza está bajo responsabilidad de Doe Run Perú SRL, empresa que asumió el complejo minero metalúrgico de La Oroya en 1997.

Por ello, desde 1998 las operaciones de las fundiciones y refinería de La Oroya hasta ahora dependen mayormente para sus operaciones de la producción de concentrados provenientes de terceros, con excepción de la unidad de Cobriza dado que ésta solamente le provee el 25% de sus requerimientos de concentrados cobre. En tal sentido, Doe Run Oroya no es propiamente una empresa minera, es un complejo industrial de transformación, donde se han realizado en los tres últimos años (2006/2008) importantes inversiones ambientales gracias a los compromisos asumidos en el marco de la Resolución Ministerial 257/2006-MEM-DGM, firmada con el Ministerio de Energía y Minas y que obligó a Doe Run a la suscripción de un fideicomiso, que aseguraba la inversión ambiental, que se ha cumplido de manera significativa, faltando la planta de captación de dióxido de azufre del Circuito de Cobre que representaría según fuentes empresariales más de 140 millones de dólares, que evidentemente por la crisis internacional debieran ser reprogramadas.

DOE RUN PERÚ: INVERSIONES Y CRISIS

Este debiera ser el punto de partida para entender y analizar el complejo problema que ha paralizado prácticamente por casi cuatro meses las operaciones de Doe Run Perú, cuestión que se ha convertido en un “dolor de cabeza” para el gobierno, una preocupación para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un problema para las empresas proveedoras, una angustia para los trabajadores y evidentemente un potencial conflicto en la región central por la importancia que tiene La Oroya en relación al efecto multiplicador en el empleo, ingresos, comercio, etc.

Sin embargo, debemos reconocer que la empresa Doe Run Perú ha realizado significativas inversiones como lo expone el siguiente cuadro, donde básicamente las utilidades netas obtenidas en los últimos años han financiado los compromisos de inversión ambiental. En tal sentido, la fuente autorizada es Osinergmin. Por ello, el cuadro respectivo presenta las inversiones en un período largo para deslindar “el grano de la paja” y adoptar las decisiones correctas al margen de los fundamentalismos.

Se debe suponer que las inversiones debieran financiarse con las utilidades no distribuidas a los accionistas más los flujos de depreciación y amortización. Por tanto, resulta evidente que el grueso de las inversiones sobre todo ambientales se ha realizado con recursos propios. Por ello, si se estima que las utilidades netas del año anterior financian las inversiones del año siguiente, podemos percibir que las inversiones del 2008 se financian con los excedentes utilidad neta y depreciaciones del año anterior que fueron superiores a los 225 millones de dólares. Resultan evidentes los problemas para financiar las inversiones en el 2009 con las menores utilidades del 2008 que resultaron menores a los US $ 11.3 millones de dólares.

Esta situación debió ser prevista y advertida por el organismo regulador Osinergmin el 15 de diciembre del 2008, fecha supuesta para supervisar según la Resolución Ministerial mencionada los avances y el financiamiento de las inversiones, y para evitar llegar a esta situación límite, donde resulta evidente la falta de recursos frescos para cumplir con los compromisos ambientales, en particular la Planta de Ácido Sulfúrico del Circuito de Cobre que está en un avance de casi el 50%.

 

Fuente: Memorias del BCRP / Memoria de Doe Run Perú / Evaluación de la Solicitud de Prorroga Excepcional de plazos para cumplimiento del PAMA / MEM / OSINERGMIN

Agrava esta situación el conocimiento de los propios reportes financieros expuestos en la Memoria de la Empresa al cierre del año 2008, y en las Notas a los Estados Financieros donde se muestran una serie de cuentas que reconocen los mayores compromisos y endeudamientos de la empresa, esto se realiza en el rubro “Cuentas por pagar a relacionada” por 156 millones de dólares con su matriz Doe Run Resources. Es decir, la principal deuda es con su matriz de allí, que el gobierno ha publicado un decreto de urgencia Nº 061-2009 publicado el 28 de mayo, donde se decreta que los acreedores considerados vinculados o relacionados con el deudor no podrán solicitar la insolvencia de la empresa ni votar en la junta de acreedores en el caso de una intervención del Indecopi a pedido de parte de alguno de los acreedores.

Se debe recordar que en el marco de un acuerdo entre privados, una “solución de mercado” lo denominaba el ministro de economía y finanzas Luis Carranza, por medio de la cual mediante un rescate financiero de Doe Run Perú logrado el 2 de abril, donde un grupo de productores mineros les facilitaba dos líneas de crédito por 175 millones de dólares, una en relación a la venta a crédito de concentrados de cobre, zinc, plomo por un valor de 100 millones de dólares y un respaldo crediticio ante los bancos Paribas, Standard Bank, Crédito de Perú, por un valor de 75 millones de dólares.

Como contrapartida, Doe Run Perú se comprometía a una capitalización de deuda que mantiene con su matriz por un valor de 156 millones de dólares, es decir, asumía el compromiso de un fortalecimiento patrimonial con un aumento del capital social suscrito y pagado, aspecto que no se concreta hasta ahora de forma abierta y transparente, pero donde los más altos voceros empresariales de Doe Run han mostrado su conformidad y disposición. Al igual que disponer el 100% de las acciones como garantía ante el Estado, como una muestra de la decisión de cumplir y garantizar la inversión ambiental que está faltando y que se encuentra en un avance de casi 50%.

Por ello, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía en su comunicado institucional del 19 de mayo del presente afirmaba que “expresa su preocupación porque Doe Run no estaría demostrando voluntad de dar cabal cumplimiento a los compromisos asumidos para el rescate financiero del Complejo Metalúrgico de La Oroya, la principal actividad productiva de la zona, poniendo en grave riesgo el empleo de sus trabajadores y el oportuno cumplimiento del PAMA”. Nota de prensa de la SNMPE del 19 mayo de 2009.

En el mismo sentido los Profesionales de Doe Run Perú expresan en un comunicado institucional publicado el 27 de mayo que:

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE DOE RUN PERÚ SRL.

“En La Oroya se han terminado satisfactoriamente 8 de los 9 proyectos PAMA, combinando tecnología propia, nacional y extranjera para dar solución al complicado problema ambiental que data desde 1922. Sólo falta completar el 48% del último proyecto Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, lo cual es complejo y requiere de inversión significativa. En Cobriza, los 4 proyectos PAMA se completaron al 100% en el 2004 y han solucionado un problema ambiental de más de 45 años. Los proyectos ejecutados en La Oroya y en Cobriza han mejorado el medio ambiente y están preservando la salud de los trabajadores y población en las zonas de influencia.”

“Por lo expuesto, solicitamos al gobierno peruano su participación como facilitador y promotor del empleo para que RECONSIDERE EL PLAZO DE INCUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO PROYECTO PAMA PENDIENTE. Este pedido se sustenta en el hecho de que la crisis financiera mundial ha afectado desfavorablemente a DRP por ser un negocio de márgenes, generando una situación de fuerza mayor que está contemplada en el artículo 11 del D.S. 046-2004-EM”. Publicado en La República, 27 de mayo de 2009-página 8.

 

EPÍLOGO

Ante el agravamiento de la crisis internacional, que en los Estados Unidos de Norteamérica significa una grave depresión, la primera depresión del siglo XXI que no fue prevista en el 2004 ni en los acuerdos del 2006, más la falta de planeamiento estratégico en la privatización de Centromín, donde muchos de sus proveedores actuales se valorizaron con los activos y yacimientos de la minera estatal, gracias a un cuestionable proceso; se hace necesaria una ampliación del plazo para el cumplimiento del PAMA, siempre y cuando el 100% de las acciones de la empresa sean retenidas por el Estado, lo cual servirá como garantía ante un futuro e indeseable incumplimiento, al mismo tiempo que la capitalización de la deuda con su matriz.

En el mismo sentido, el Osinergmin debiera disponer de “controller” financieros y productivos en el campo, para verificar in situ el cumplimiento del último PAMA, y en el manejo de las finanzas. Es más, se hace necesario verificar los valores reales de las inversiones faltantes con la mayor transparencia, pues según datos preliminares eran de 75 millones de dólares que por arte de magia se incrementaron a 150 millones de dólares.

Lo cierto y evidente, es que la prórroga debiera hacerse como reconocimiento al principio de la realidad ante la profundidad de la crisis internacional del capitalismo mundial, al margen de cualquier fundamentalismo liberal que nos ha conducido a esta realidad, sumada a las “malas prácticas” de una empresa de pésimos antecedentes del grupo Renco Group.

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