“Toda la nación” son ellos y no nosotros
Por Humberto Campodónico
La violencia y las muertes de ayer en Bagua son el producto de la voluntad del gobierno de Alan García de completar la “reforma incompleta” por la que tanto han clamado los neoliberales. La última vez que un gobierno estuvo a punto de desencadenar similares actos de violencia fue en Arequipa, en junio de 2002, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra la privatización de Egasa y Egesur.
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La violencia y las muertes de ayer en Bagua son el producto de la voluntad del gobierno de Alan García de completar la “reforma incompleta” por la que tanto han clamado los neoliberales. La última vez que un gobierno estuvo a punto de desencadenar similares actos de violencia fue en Arequipa, en junio de 2002, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra la privatización de Egasa y Egesur.
Entonces, la mesura del gobierno de Toledo, que desistió de las privatizaciones, impidió el enfrentamiento violento. Por ello, la derecha lo acusó de “blandengue”. Dicho esto, ciertamente el gobierno de Toledo no cambió el curso general de la política económica durante el resto de su gestión.
En las elecciones del 2006, la mayoría de la población estaba a favor del “cambio”, lo que no era novedad pues ese es el curso que, en general, estaba recorriendo el conjunto de América Latina. Así, al asumir el poder, el gobierno de García contaba con la legitimidad para buscar un nuevo equilibrio en las relaciones entre mercado y Estado.
Pero eso no sucedió. Por el contrario, el gobierno abrazó por completo el discurso neoliberal. Como dijo ayer en un editorial Fernando Eguren, director de La Revista Agraria de CEPES, “no podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano” de octubre del 2007” (www.cepes.org.pe).
Esto dijo García en ese –hoy tristemente célebre– manifiesto, lo que también nos recuerda Eguren: “Hay millones de hectáreas (has) para madera que están ociosas, otros millones de has que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de has de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”
“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.
“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 has en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10,000 has y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas. Porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador” (El perro del hortelano, octubre 2007).
Queda claro que para García “poner en valor” esas tierras no puede realizarse por los comuneros o los amazónicos “que no tienen un centavo”. Con el argumento de que esos recursos son “de toda la Nación”, se esconde la intención de entregarlos a grandes inversionistas para que los exploten en beneficio de sus empresas, como viene sucediendo con las concesiones mineras y petroleras, y no de la Nación.
Lo sucedido vuelve a demostrar que la aplicación del modelo neoliberal es indesligable del autoritarismo y la violencia. Recordemos que estos decretos legislativos fueron promulgados en junio pasado para “adecuarse a las condiciones del TLC con EE. UU.” y no fueron consultados a las comunidades amazónicas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT (ver “El gobierno no cumple la ley”, www.cristaldemira.com, 16/5/09). El derramamiento de sangre dice que el gobierno ha sido incapaz de canalizar el conflicto por la vía pacífica, pues considera a los indígenas amazónicos como “ciudadanos de cuarta categoría”. La defensa de los intereses “de ellos” está llevando a niveles de fractura y polarización que solo pueden ser detenidos con el diálogo. Otro Premier, ya no Yehude Simon, tiene que hacerlo a la brevedad.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
En las elecciones del 2006, la mayoría de la población estaba a favor del “cambio”, lo que no era novedad pues ese es el curso que, en general, estaba recorriendo el conjunto de América Latina. Así, al asumir el poder, el gobierno de García contaba con la legitimidad para buscar un nuevo equilibrio en las relaciones entre mercado y Estado.
Pero eso no sucedió. Por el contrario, el gobierno abrazó por completo el discurso neoliberal. Como dijo ayer en un editorial Fernando Eguren, director de La Revista Agraria de CEPES, “no podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano” de octubre del 2007” (www.cepes.org.pe).
Esto dijo García en ese –hoy tristemente célebre– manifiesto, lo que también nos recuerda Eguren: “Hay millones de hectáreas (has) para madera que están ociosas, otros millones de has que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de has de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”
“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.
“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 has en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10,000 has y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas. Porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador” (El perro del hortelano, octubre 2007).
Queda claro que para García “poner en valor” esas tierras no puede realizarse por los comuneros o los amazónicos “que no tienen un centavo”. Con el argumento de que esos recursos son “de toda la Nación”, se esconde la intención de entregarlos a grandes inversionistas para que los exploten en beneficio de sus empresas, como viene sucediendo con las concesiones mineras y petroleras, y no de la Nación.
Lo sucedido vuelve a demostrar que la aplicación del modelo neoliberal es indesligable del autoritarismo y la violencia. Recordemos que estos decretos legislativos fueron promulgados en junio pasado para “adecuarse a las condiciones del TLC con EE. UU.” y no fueron consultados a las comunidades amazónicas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT (ver “El gobierno no cumple la ley”, www.cristaldemira.com, 16/5/09). El derramamiento de sangre dice que el gobierno ha sido incapaz de canalizar el conflicto por la vía pacífica, pues considera a los indígenas amazónicos como “ciudadanos de cuarta categoría”. La defensa de los intereses “de ellos” está llevando a niveles de fractura y polarización que solo pueden ser detenidos con el diálogo. Otro Premier, ya no Yehude Simon, tiene que hacerlo a la brevedad.
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