Sector privado expresó interés de contribuir a reducir número de conflictos
CCL analizó con Defensoría del Pueblo mecanismos para solucionar y prevenir conflictos sociales
El Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Ing. Peter Anders Moores, se reunió hoy con la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, para evaluar el rol del empresariado privado en la prevención y solución de conflictos sociales.
El presidente de la CCL, Ing. Peter Anders Moores, señaló que la paz social es fundamental para asegurar el crecimiento nacional y combatir la pobreza.
“La solución de los conflictos pasa por mejorar los mecanismos de diálogo entre la población y las autoridades”, indicó.
Asimismo, el presidente de la CCL señaló que en vista a que el 50% de los conflictos sociales tienen su origen en situaciones medioambientales, especialmente vinculadas a las actividades extractivas, la empresa privada está obligada a propiciar un clima de tranquilidad y concordia con la comunidad. Para ello, debe cumplir con todas las regulaciones a favor del medio ambiente y la comunidad.
El líder empresarial advirtió que este trabajo debe efectuarse sin demora toda vez que el número de protestas va en aumento y, en ciertos casos son utilizadas con fines políticos.
Cabe anotar que, además los conflictos originados por reclamos medioambientales, también hay reclamos por el cultivo ilegal de coca, la demarcación territorial, problemas de la comunidad, reclamos laborales, protestas contra el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios.
Simplificación administrativa
De otro lado, la CCL solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para lograr que la Ley del Silencio Administrativo (Ley Nº 29060) se implemente cabalmente, pues a más de un año y medio de estar en vigencia esta norma, el 74% de las entidades públicas aún no ha actualizado su Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) a la Ley de Silencio Administrativo, supera el 90%.
“Esto afecta la inversión del empresariado en general”, detalló.
Asimismo, refirió que el 80% de denuncias ante el INDECOPI tenía como origen las trabas municipales contenidas en ordenanzas.Fernando Reyes (219 – 1818 ó 99935 – 7399)
“La solución de los conflictos pasa por mejorar los mecanismos de diálogo entre la población y las autoridades”, indicó.
Asimismo, el presidente de la CCL señaló que en vista a que el 50% de los conflictos sociales tienen su origen en situaciones medioambientales, especialmente vinculadas a las actividades extractivas, la empresa privada está obligada a propiciar un clima de tranquilidad y concordia con la comunidad. Para ello, debe cumplir con todas las regulaciones a favor del medio ambiente y la comunidad.
El líder empresarial advirtió que este trabajo debe efectuarse sin demora toda vez que el número de protestas va en aumento y, en ciertos casos son utilizadas con fines políticos.
Cabe anotar que, además los conflictos originados por reclamos medioambientales, también hay reclamos por el cultivo ilegal de coca, la demarcación territorial, problemas de la comunidad, reclamos laborales, protestas contra el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios.
Simplificación administrativa
De otro lado, la CCL solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para lograr que la Ley del Silencio Administrativo (Ley Nº 29060) se implemente cabalmente, pues a más de un año y medio de estar en vigencia esta norma, el 74% de las entidades públicas aún no ha actualizado su Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) a la Ley de Silencio Administrativo, supera el 90%.
“Esto afecta la inversión del empresariado en general”, detalló.
Asimismo, refirió que el 80% de denuncias ante el INDECOPI tenía como origen las trabas municipales contenidas en ordenanzas.Fernando Reyes (219 – 1818 ó 99935 – 7399)
