Nacionalistas sustentan alegatos contra TLC con Chile
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El congresista Juvenal Ordóñez Salazar sustentó ante los miembros del Tribunal Constitucional y a nombre de 40 congresistas de 5 grupos parlamentarios, incluída la Bancada Nacionalista, los alegatos de la Demanda de Inconstitucionalidad presentada en Contra del TLC con Chile.
Ordóñez Salazar recordó que los parlamentarios suscribieron esta Demanda, que fue presentada ante el TC el pasado 2 de marzo, por considerar que la puesta en vigencia de dicho acuerdo comercial debió plantearse tras ser discutido, debatido y aprobado por el Congreso de la República, conforme lo estipula el artículo 56º de la Constitución Política.
En el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martin de Porres, Ordóñez expuso los aspectos de forma en la aprobación de la norma, que dividió en tres puntos centrales: la manera irregular con que este Acuerdo fue discutido y archivado en la Comisión de RREE del Congreso, irregularidad que estuvo alimentada por la presión ejercida por el Poder Ejecutivo y la celeridad con que un acuerdo, de tanta trascendencia e importancia como este, fue negociado por un gobierno que recién ingresaba.
Asimismo, sustentó las implicancias que el TLC con Chile tiene frente a la demanda presentada por nuestro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la trascendencia en este proceso y la sentencia que emitirán los magistrados del TC que servirá, dijo, como antecedente para la firma de futuros tratados.
El legislador nacionalista precisó como otro de los aspectos centrales de la demanda que distorsiona la definición de territorio que establece la Constitución, pues en ella no se hace referencia al dominio marítimo del Perú ni a su extensión de 200 millas. "El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile incluye la categoría "espacio marítimo" que no existe en nuestra legislación y esto es lo que incide en los ámbitos de soberanía, dominio o integridad del Estado, señalados en el artículo 56.º inciso 2 de la Constitución Política", recalcó.
Calificó como puntos negativos que el Perú no puede expropiar empresas chilenas por razones de seguridad nacional como manda nuestra Carta Magna, ni lograr que éstas empresas se sometan al Poder Judicial peruano para solucionar sus controversias e incluso que el país está obligado a indemnizar a los chilenos por los daños que pudieran suceder producto de conflictos internos o externos. "Además la aprobación de esta norma consolida el desequilibrio entre nuestra economía y la chilena, dijo Ordóñez Salazar".
Los constitucionalistas Alberto Borea Odría y Vladimir Paz de la Barra fueron los encargados de defender el aspecto jurídico inconstitucional.
A la sustentación se dieron cita también los congresistas Marisol Espinoza Cruz en su calidad de vocera del Grupo Parlamentario Nacionalista, Martha Acosta, Susana Vilca, Fredy Otárola, Rafael Vásquez y Yonhy Lescano de Alianza Parlamentaria.
