Dice Judith Butler que la desposesión es lo que sucede cuando las poblaciones pierden su tierra, su ciudadanía, sus medios de supervivencia y se transforman en sujetos de la violencia militar y legal. Por ello, afirma, “nos oponemos a esta forma de desposesión porque es tanto forzosa como privativa”. Puntualiza entonces, “incluso cuando tenemos derechos, somos dependientes de un modo de gobierno y de un régimen legal que confiere y les da sustento a esos derechos”.
Resumiendo, el asunto no radica en declarar los derechos, sino en evaluar a los gobernantes a partir de cómo percibimos el ejercicio de estos derechos declarados. Esta es una afirmación oportuna y necesaria para el debate, en momentos en que desde algunos círculos que están a favor de la vigencia a rajatabla del actual modelo económico, se preconiza que salvo el crecimiento todo es ilusión.
Al respecto, no podemos negar, por ejemplo, la importancia del sector agroexportador en el crecimiento de la economía del país. Su participación en el PBI se duplicó en los últimos doce años, pasando del 2.1% en el 2010 al 4% en 2022. Además, representa el 15.5% de las exportaciones totales del país. Lo interesante del caso es que este crecimiento del sector se debió fundamentalmente a la expansión de los cultivos —arándanos, paltas y uvas— y no tanto al valor agregado.
Así, la producción nacional de arándanos pasó de 30.000 toneladas en 2010 a 311.096 toneladas en 2022, esto es un crecimiento anual promedio de +116.1% en dicho periodo. En el caso de las paltas, pasamos de 184.370 toneladas en 2010 a 997.326 toneladas en 2022, mostrando un incremento con un promedio anual de +15.1%; mientras que en uva crecimos de 280.468 toneladas en 2010 a 993.206 toneladas en 2022, registrando un alza anual promedio de +11.1%.
Uno de los valles más importantes para la agroexportación es Chincha, en la región Ica. La provincia aloja alrededor de 230 000 habitantes y al compás del crecimiento de su producción agrícola su población urbana, inversamente, sufre una crónica escasez de agua, agudizada en estos tres últimos meses en los que el abastecimiento hídrico de más de un cuarto de millón de personas se hace mediante camiones cisterna.
Para el caso, hay quienes suponen que el problema es burocrático. Afirman que la Empresa Prestadora Servicios de Saneamiento de Chincha (EPS SEMAPACH) fue intervenida por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS hace unos 6 años, porque SEMAPACH —en manos municipales— había quebrado financieramente y fracasado operativamente. Al parecer, la intervención del OTASS no cambió las cosas y, en suma, según estas versiones, estaríamos ante un calamitoso problema de gestión coherente con la naturaleza de nuestro Estado.
Hasta allí, el argumento aparece contundente. En efecto, hay un problema de gestión, como en gran parte de las acciones y actividades programadas del Estado peruano. Sin embargo, esta verdad esconde otras, más grandes, por cierto.
En primer lugar, el déficit de agua para consumo humano es un problema recurrente desde hace muchos años, no es algo reciente. Cuando el ex gobernador regional, 2007-2011, Rómulo Triveño Pinto, ejecutó la obra de las galerías filtrantes en Vaso Minaqueros, se pensó que era la solución definitiva. Sin embargo, pronto se constató la insuficiencia de esta. Fernando Cillóniz, gobernador regional entre 2015 y 2018, visitó la zona en julio de 2016 en compañía del presidente de la Junta de Usuarios de agua de Chincha y del gerente de SEMAPACH, en busca de solución al tema del desabastecimiento, que finalmente no se dio.
Otra causa posible puede ser el impacto de las empresas rurales, en nuestro caso, La Calera, cuyo propietario es Estuardo Masías Marrou. Según Lucio Olmos Soldevilla, presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Chincha, Masías Marrou se apropia masivamente del agua para derivarla hacia sus granjas avícolas, ubicadas en el distrito de Alto Larán. Mientras el empresario tiene unos 20 pozos tubulares, SEMAPACH, supuestamente posee 5 de ellos.
Un tercer elemento sería el impacto directo en el abastecimiento de agua a la ciudad que resultaría de la demanda de este recurso por las empresas agroexportadoras ubicadas en el valle de Chincha. Este es un tema que aún requiere ser investigado en este caso particular, si bien algunos aspectos pueden ser extrapolados desde la experiencia de Ica, hay que entender que se trata de valles que muestran diferencias importantes entre sí.
Sobre ello, Gerardo Damonte sostiene que el boom agroexportador en Ica ha provocado dos procesos: situaciones de estrés hídrico y la emergencia del grupo agroexportador como un nuevo actor social. Así, el papel asignado a los agroexportadores les ha concedido una posición dominante en la gestión de los recursos hídricos de Ica, generando una reconfiguración de las relaciones sociales y políticas en el espacio local, que ha permitido que el grupo agroexportador sea incluso capaz de disputar los esfuerzos de regulación del agua subterránea del Estado.
Concluyendo, a partir de este ejemplo, no podemos seguir creyendo, como interesadamente lo hacen muchos no obstante las paulatinas y violentas manifestaciones de los malestares de la sociedad peruana, que el crecimiento es algo que no puede cuestionarse, como la pureza de los seres divinos de todos los fundamentalismos. La democracia, según el último reporte de gobernabilidad del INEI, es supuesta por peruanas y peruanos, centralmente, como el ejercicio de derechos. ¿Será que estamos tomando conciencia, poco a poco, sobre como el sueño neoliberal no es sino despojo y expropiación a la mayoría de personas?
desco Opina / 21 de abril de 2023
