En especialista consultado por El Ciudadano afirma que hay muchos antecedentes que vinculan a esta institución con estos ilícitos. “Está el caso del químico Eugenio Berríos, cuyo historial comprueba que el Ejército no sólo vendió drogas sino que también comercializó insumos para su fabricación de drogas”.
por Francisco Marín - El Ciudadano
El hallazgo en Basilea —el 2 de septiembre— de una bolsa con 45 kilos de cocaína, camuflados en un contenedor fletado por la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae), ha puesto nuevamente en tela de juicio a esta institución castrense y ha traído a la memoria el oscuro tiempo de la dictadura, en que los militares se aliaron a mafias internacionales para impulsar la producción y el tráfico de drogas.
El contenedor en que fue hallada la cocaína portaba oficialmente sólo “cajas de transmisión de vehículos acorazados” cuyo destino era la empresa helvética Ruag Defense, que debía repararlas.
El escándalo estalló este 13 de diciembre tras la publicación de un reportaje de Jorge Molina, en la versión digital del semanario The Clinic.
El 5 de octubre, el jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Guerra, René Fuentealba, comunicó telefónicamente lo sucedido al director de Famae, general de brigada Mauricio Heine. Tres días después le envió el oficio reservado 1162, en que detalla los antecedentes del caso.
El 13 de octubre Heine presentó ante el Juzgado de Garantía de Talagante una querella criminal por el delito de narcotráfico. En la sección “Los Hechos” de éste líbelo se detalla que el compromiso de Famae era entregarle a Ruag Defense la carga en el Puerto de Valparaíso. Desde allí los suizos correrían con la responsabilidad del traslado, de acuerdo a la modalidad de transporte internacional Free on Board (FOB).
El Juzgado de Talagante solicitó a la Fiscalía Santiago Oriente que comenzara una investigación. Por otra parte, el subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, traspasó los antecedentes —mediante oficio 1281 del 2 de noviembre— al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe la presentación de una querella criminal en la causa.
La pista peruana
Según se consigna en la mencionada querella, a mediados de abril Famae contrató los servicios de World Transport International —empresa chilena creada en 2005— para que llevara la carga desde la planta que Famae tiene en Talagante (20 kilómetros al sur de Santiago) hasta Valparaíso. Dicho procedimiento se realizó el 12 de junio. Una vez en Valparaíso, la carga fue recepcionada por Fracht Chile (empresa de transporte fundada en 1955, con sede en Suiza) que fue contratada Ruag Defense.
Según Famae, Fracht Chile informó que la carga fue instalada en un container sellado el 21 de julio y que el 27 del mismo zarpó de Valparaíso. El dos de septiembre Ruag Defensecertificó su arribo a la ciudad suiza de Thun, donde tiene una planta industrial en que se verificarían las reparaciones.
Molina precisó en su nota que el material militar estuvo dos días de paso en el puerto peruano del Callao. Posteriormente desembarcó en Rotterdam, Holanda, para luego seguir camino por tierra hasta Basilea.
En entrevista con el vespertino La Segunda —de 14 de diciembre— el ministro de Defensa José Antonio Gómez aseveró que en Holanda “se encontraron los sellos adulterados”. Reconoció que la carga se estacionó en el Callao pero desestimó la posibilidad que haya sido intervenida por espías peruanos.
Molina enfatiza en su entrega que —pese a lo que señala el ministro Gómez— la tesis que están manejando las fuentes de inteligencia del Ejército es que se trata de un asunto de espionaje.
Esta hipótesis —que se apoya en la relativamente baja cantidad de droga encontrada— supone que espías peruanos insertaron la droga con el fin de generar inconvenientes en el Ejército chileno en momentos en que la tensión entre ambos países se mantiene en alto por diferendos limítrofes que parecen nunca acabar.
La interpretación que hace de estos hechos el abogado, ingeniero naval, oficial de corbeta en retiro y especialista en inteligencia, Humberto Palamara, es distinta. En entrevista con este corresponsal señala que “no sería raro que el Ejército estuviera nuevamente involucrado en tráfico de drogas”.
Afirma que hay muchos antecedentes que vinculan a esta institución con estos ilícitos. “Está el caso del químico Eugenio Berríos, cuyo historial comprueba que el Ejército no sólo vendió drogas sino que también comercializó insumos para su fabricación de drogas”.
Palamara estima que al volver la democracia, en 1990, ésta no llegó al interior de las Fuerzas Armadas (FF.AA.): “Actualmente siguen operando los mismos enclaves autoritarios y redes de corrupción que hacían de las suyas en tiempos de dictadura”, expresa.
Cabe consignar que Palamara consiguió, en 2006, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigara a Chile por haberle impedido —en 1993— difundir su libro Ética y Servicios de Inteligencia, al vulnerarse el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Este exagente de inteligencia de la Armada no cree en la tesis que asigna al espionaje peruano la autoría del ilícito en comento. “Esa versión es sólo una buena excusa para encubrir a los responsables”, señala.
Prosigue su argumentación: “Hay quienes creen que para zafar de este entuerto lo mejor para Chile es culpar a Perú”. Sin embargo, él estima que esa versión es “infundada”. Asegura que “las posibilidades que se haya metido la droga en un contenedor que estaba sellado, era trasladado por barco, violando todas las medidas de seguridad, son menores”.
Agrega:
“Lo importante es que el contenedor salió desde Chile y las posibilidades que hayan chilenos involucrados son altísimas”.
El especialista en inteligencia estima que este incidente “puede dañar en forma grave el prestigio internacional de Chile”, asegurando que lo único que cabe en este momento “es que se descubra la verdad, que los responsables se sienten en el banquillo de los acusados y que cumplan las penas que le corresponden de acuerdo a la ley”.
Historial de corrupción
Desde fines de 1973, apenas capturado el poder, Manuel Contreras y Augusto Pinochet comenzaron a rodearse de lo más selecto del bandidaje internacional. Por Santiago desfilaron los jefes de las mafias siciliana, francesa, corsa, cubana y croata, los que eran recibidos como jefes de estado.
Con la asesoría de estos grupos y la propia iniciativa, el Ejército chileno se fue involucrando activamente en la producción y tráfico de drogas. A mediados de los ochenta el Complejo Químico del Ejército, con sede en Talagante, se convirtió en el centro de operaciones del legendario bioquímico Eugenio Berríos quien procesó allí la denominada “coca rusa”, que es inodora por lo que no puede ser detectada por los perros adiestrados de las policías antinarcóticos.
En aquel periodo, el director de ese centro militar era el coronel Gerardo Huber, quien al igual que Berríos, sería asesinado -en 1992- por compañeros de armas que temían que estos confesaran todas sus fechorías y, de esta manera, involucraran al Alto Mando del Ejército.
Según informó —en julio de 2006— el exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, en declaración dirigida al juez Claudio Pavéz —que investigaba el homicidio de Huber— éste le confesó la manera en que se procesaba y exportaba la cocaína en el Complejo Químico de Talagante.
Contreras aseguró que los principales operadores de este negocio fueron el hijo del general, Marco Antonio Pinochet y el empresario Yamal Bathich, representante en Chile del traficante de armas y drogas sirio, Monzer al Kasaar. Según Contreras, este último sujeto se encargó de distribuir la coca en Europa y enviar el dinero a Chile.
Otro personero que detalló la participación del Ejército en este tipo de ilícitos es el exinfante de marina estadunidense y grandísimo traficante de drogas, Frankel Iván Baramdyka. Según solicitud de extradición de Chile, emanada el 19 de marzo de 1987 por la Corte Federal de California del Sur, Baramdyka ingresó 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos a través de Baja California, México, entre los años 1984 y 1985.
En el libro La delgada línea blanca (2000), de los periodistas Rodrigo de Castro y Juan Gasparini, Baramdyka detalló el rol que jugaron los Pinochet y el ejército chileno en numerosas operaciones de tráfico de drogas.
Baramdyka dijo que -a principios de 1984- se contactó con el consulado de Chile en Los Ángeles. Allí se desempeñaba Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del dictador chileno.
Baramdyka reveló que aquel le facilitó la adquisición de grandes cantidades de éter y acetona para narcoproductores colombianos de los cuales él era intermediario.
Estos insumos de la producción de cocaína eran fabricados en el Complejo Químico del Ejército, en el período que éste era dirigido por el coronel Huber.
Frankel Baramdyka sostuvo que -a mediados de 1984- pagó en efectivo a un funcionario chileno del consulado de Los Ángeles, dos millones de dólares por productos químicos producidos en Talagante. Este señor “trabajaba estrechamente con Pinochet hijo”, aseguró el exinfante de marina.
En estas antiguas declaraciones —en las que sindica al jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán, como uno de sus principales contactos con el régimen militar— Baramdyka involucra directamente a Famae en la organización de los envíos de droga a Europa.
Según este traficante internacional esta empresa de armas estatal cargaba con cocaína bombas racimo de fabricación chilena, las que luego eran transportadas en vehículos del Ejército al Aeropuerto Internacional de Santiago. Según él, la seguridad corría por cuenta de la CNI. Baramdyka sostuvo que entre 1986 y 1987, bajo esta y otras modalidades, el régimen chileno internó en Estados Unidos y Europa, 12 toneladas de cocaína.
Baramdyka estuvo preso en Santiago de Chile entre 1983 y 1987; y en una prisión de California, entre 1993 y 2001.
Francisco Marín El Ciudadano
