Herberth Cuba García*
¿Por qué las urgencias ocasionan pérdidas a hospitales y pacientes?
Un valeroso bombero en acción de servicio, en un incendio en Villa María del Triunfo, quedó seriamente afectado con quemaduras de tercer grado en el 18% de su cuerpo. Este hecho ha desnudado las deficiencias que persisten en la atención de las emergencias médicas, a pesar que hoy se aplican los 23 Decretos Legislativos, que integran la reforma de la salud.
Una emergencia debería poner en funcionamiento todos los recursos hospitalarios como un reloj, es decir, se debería activar el sistema de emergencias y desastres. Una central telefónica conocida por todos los ciudadanos, un sistema interconectado con todos los servicios de emergencia y cuidados intermedios e intensivos de todos los hospitales, un sistema de ambulancias debidamente equipadas y con personal idóneo para el traslado eficaz. Pero, además, un financiamiento adecuado. ¿Ocurre esto en nuestro país? NO.
La famosa “Ley de emergencias” asegura que todo establecimiento de salud, público o privado, está obligado a atender una emergencia, sin “preocuparse” del gasto. La ley de derechos de los usuarios de los servicios de salud señala también que estos deben recibir atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica. Además, un Decreto Legislativo del llamado paquete de reforma de la salud, ha creado el nuevo Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), al que se le encarga la administración del SAMU (Sistema de Atención Médica de Urgencia) y de las referencias y contra-referencias de los pacientes. Hay normas, obligaciones, derechos. Incluso el órgano estatal encargado (IGSS), pero la mala atención de emergencias, como lo ha demostrado el caso del bombero, atormenta a los ciudadanos.
La emergencia ocurre en cualquier momento y lugar. El traslado al nosocomio más cercano tiene un costo diferenciado en función de las necesidades de los pacientes. Puede ser suficiente un auto simple, auto particular o taxi, una ambulancia especializada, tipo, I, II o III. Al llegar al servicio de emergencia de la clínica privada, o al hospital de Essalud, de la Policía Nacional, de las sanidades militares, de los hospitales del IGSS (ex Minsa), nosocomios municipales, entre otros, se procede a la ejecución de pruebas de diagnóstico y luego a realizar los procedimientos terapéuticos. Todo esto genera enormes gastos. Está demostrado que en las primeras doce horas de una emergencia se consume hasta un 80% del gasto total que tendrá dicho paciente. La lógica es simple: atienda primero y cobre después. Simple pero inaplicable.
Las pérdidas por deudas incobrables derivadas de las atenciones de emergencias médicas son cuantiosas. Éstas afectan por igual a los nosocomios públicos y privados. No se ha creado un mecanismo ágil y simple para la cobranza a los seguros de salud o médicos, en caso que el usuario tuviera uno, y también para los que no tienen ningún seguro.
La propuesta es que el Seguro Integral de Salud (SIS) debe cumplir esa función. Subsidiar las atenciones de emergencia de los que no puedan pagar. Cobrar a los que pueden pagar, por sí mismos o a través de sus respectivos seguros médicos y/o salud. El SIS debe articular, coordinar y, de ser el caso, subsidiar el financiamiento de las emergencias.
Hoy todos pierden: las clínicas privadas, los hospitales públicos, los seguros y, sobre todo, los pacientes que no acreditan solvencia económica en el momento. Urge un nuevo marco normativo. Urge reformar la reforma de salud. Menos burocracia y más humanismo.
Asociación Médica Peruana
30 de enero del 2015
