Improvisación en reforma ocasiona caída estrepitosa de indicadores sanitarios.
Herberth Cuba Garcia
Se ha escrito y debatido mucho sobre la llamada reforma frente a la salud individual, es decir, preventiva, curativa y de rehabilitación, desde el punto de vista del ciudadano en modo particular. Esa visión es incompleta y sesgada. La salud es integral e involucra no sólo la salud individual sino también a las colectividades como tales, con sus riesgos y amenazas propias y del medio ambiente, sea natural o artificial, biológico, psicológico, económico y social. Esta visión equÍvoca ha traído un impacto negativo en la población, por lo siguiente:
Al haberse separado, increíblemente, la salud pública de la salud individual, se ha pasado revista en reiteradas oportunidades a la forma como se encaró la reforma de la salud individual en la partición del Ministerio de Salud (Minsa) y la separación de las funciones de financiamiento (IAFAS), de prestación o provisión (IPRESS) y la función fiscalizadora y sancionadora (SUSALUD) y la función normativa a cargo del propio Minsa. (El Minsa transfirió todos sus establecimientos de salud –IPRESS- a los gobiernos regionales y al IGSS en Lima Metropolitana).
A partir de este hecho, la salud pública ha tomado otro rumbo. Primero, se le ha reducido a funciones esenciales y se ha delimitado con exactitud sus competencias. Segundo, en el proceso de descentralización estas funciones han sido transferidas a los gobiernos regionales. Las funciones de Salud Pública de un país, como las funciones de Defensa e Interior y las de Relaciones Exteriores, son competencias del gobierno central. Así ocurre incluso en los Estados Federales.
Sin embargo, en el Perú, contrario al sentido común y a la experiencia internacional, la salud pública se ha regionalizado sin tomar en cuenta el comportamiento de las epidemias, las enfermedades que transmiten los animales a los humanos (zoonosis), los vectores (malaria dengue, fiebre amarilla, etc), los riesgos ambientales, la falta de prevención y promoción, la particular geografía peruana en la que cualquier enfermedad traspasa valles y cuencas y regiones.
Para las regiones, la capacidad para el cumplimiento de las acciones de salud pública son limitadas, porque la mayoría de estas acciones tienen alcance nacional y necesitan niveles de articulación y concertación que son muy complicados. Además, nada puede hacer el Minsa si las regiones no cumplen.
El improvisado proceso de reforma con el DL 1161 de diciembre del 2013, Ley del Minsa, está pagando un costo muy alto con la caída estrepitosa de los indicadores sanitarios. Por ejemplo, la baja cobertura de vacunación (67%), cuando todos sabemos que para ésta sea eficaz debe sobrepasar el 95%.
Además, las acciones de salud pública requieren financiamiento. Este es otro embrollo. Algunas intervenciones de salud pública se financian con el dinero del Seguro Integral de Salud, otros con dinero directamente del Ministerio de Economía y Finanzas -a través del programa PPR (presupuestos por resultados)-, otros del fondo de contingencias y desastres, y por último con dinero de los propios gobiernos regionales y municipales. Se ha generado un circuito financiero que excluye al Minsa y por lo tanto le resta autoridad y capacidad de negociación con las regiones.
El Minsa parece un pequeño Congreso de la República dedicado a crear normas y no un ente rector del Poder Ejecutivo. La ley de bases de descentralización señala que las competencias de salud pública son compartidas. No debió transferirse improvisadamente, sino compartir el trabajo o de lo contrario buscar un engranaje complementario entre gobiernos nacional, regional y local, reservándose la potestad financiadora, proveedora, fiscalizadora y sancionadora. El DL 1161 ha maniatado al Minsa y la salud pública ha quedado sin ente rector. Hoy estamos en la anarquía.
Asociación Médica Peruana
20 de febrero de 2015
