Recientes revelaciones de los cables de Wikileaks indican que los Estados Unidos presionaron para reprimir a los nativos que bloqueaban una carretera de interés para la empresa estadounidense Newmont, lo cual terminó en la masacre de un número de muertos que hasta hoy presenta dudas, pues para muchos fueron más de las decenas de admitidas por el gobierno aprista, en el poder en junio de 2009.
El cable señala que el embajador estadounidense Michael McKinley fue quien exigió el uso de la fuerza para reprimir a los nativos en Bagua.
La fecha del cable es del 1.o de junio y dice: “La renuncia del gobierno en utilizar la fuerza para despejar las carreteras y el bloqueo de las vías-decía McKinley contribuía a la impresión de que las comunidades tienen un apoyo más grande de lo que realmente tienen”.
El Embajador escribió: "Si el Congreso y el presidente (Alan) García ceden a la presión (de los manifestantes), esto va a tener consecuencias para el acuerdo de libre comercio entre EE. UU. y el Perú (TLC)".
Como se recuerda, García mandó a su ministra Mercedes Araoz a declarar que la toma de la carretera iba a afectar ese TLC, que incrementa derechos a los inversionistas estadounidenses, entre ellos la empresa Newmont Mining, la mayor minera aurífera del mundo, que tenía intereses de miles de millones de dólares en la zona afectada por las protestas.
Desde la masacre de Bagua, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas mencionó "consecuencias devastadoras" procedentes de la contaminación producida por las compañías petroleras en el norte del Perú, informa Green Left Weekly.
Los indígenas selváticos protestaron esa vez en Bagua contra los decretos legislativos 1090 y 1064 sobre la propiedad de la tierra, después que el expresidente Alan García los tildase de “perros del hortelano”.
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