Pontificaban sobre la corrupción, pero engañaban. Marisa Glave e Indira Huilca hicieron la vista gorda y guardaron silencio cómplice siendo regidoras ante los corruptos contratos firmados por la exalcaldesa Susana Villarán. Ahora la Fiscalía investiga a Marisa Glave, Anel Townsend y Jorge Nieto por presuntos delitos en campaña contra la revocación de Villarán.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Marisa Glave, Anel Townsend, Jorge Nieto y otros por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos, que se habrían perpetrado durante la campaña en contra de la revocación de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en 2013.
La investigación tiene un plazo de ocho meses y está a cargo del fiscal Carlos Puma, miembro del Equipo Especial Lava Jato.
Alias Budián
Como se sabe, a José Miguel Castro, exgerente municipal, peón de Villarán, la organización criminal brasileña de Odebrecht lo conoce con el alias de Budián, que le impusieron por asemejar su perfil al de un pescado de ese país que tiene ese nombre. Este sujeto habría brindado información que ha ayudado a esclarecer la podredumbre del entorno de Susana Villarán.
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Asimismo, en otra disposición, Puma amplió la indagación a Freddy Chirinos, director de la empresa CHISAC, por el presunto delito de cohecho activo genérico.
Este martes se conoció el testimonio de alias Budián ante el Ministerio Público. El sujeto aspira a convertirse en colaborador eficaz y es investigado por los supuestos ilícitos de organización criminal y cohecho pasivo.
Según El Comercio, Castro declaró que Townsend recibió 20 mil dólares en dos armadas. Los primeros US$10.000 fueron para su movilidad y para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado. Y los US$10.000 restantes se pagaron una vez que culminó la campaña por el ‘No’ a la revocación, con la forma de “bono de éxito”.
Alias ‘Budián’ también señaló que autorizó a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña, que entregara a Glave y a la exregidora Zoila Reátegui S/60.000. «Ambas visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados», dijo Castro.
Castro manifestó que a Jorge Nieto Montesinos le pagaron una deuda de 60 mil dólares por una serie de asesorías de corte político que brindó durante los dos primeros años de gestión a Susana Villarán con dinero de OAS. Aseguró que, una vez culminada y ganada la campaña del «No», recibió la llamada de Nieto para felicitarle por la victoria y ofrecer nuevamente sus servicios. Fue así que la exmano derecha de Villarán decide contratarlo usando la misma forma de pago: entregas “en efectivo a través de OAS”.
“Graña y Coimero”
Otra empresa vinculada con el escándalo de corrupción Odebrecht, Graña y Montero (GyM) entregó 200 mil dólares. «Los ingresos para la campaña de la No Revocatoria en el 2013, provenientes de empresas constructoras fueron aproximadamente $7.2 millones de dólares. De ellos, $4 millones fueron aportados por OAS, $3 millones por Odebrecht y $200 mil por Graña y Montero», precisó José Miguel Castro.
El colaborador eficaz con clave 145-2019 ha revelado que el aporte de GyM se realizó a través de la empresa CHISAC, Chirinos y Salinas Asociados SAC, que se encargaba de las relaciones públicas de Graña y Montero. Chirinos, director de CHISAC, conversó con Óscar Vidaurreta, exjecutivo de la multinacional publicitaria Ogilvy (encargada del plan de medios de la campaña contra la revocación), para coordinar ese pago.
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