Diversas autoridades estarían incurriendo en el delito de omisión, rehusamiento o demora de sus funciones, previsto en el Código Penal. Es inaceptable que amparándose en su condición de ronderos, secuestradores y torturadores de mujeres estén gozando de libertad, pese a las evidencias, como se ha visto en los casos del secuestro de periodistas y de unas mujeres acusadas de hechicería.
Especialistas como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, no dicen sólo eso, sino que debería procesarse por terrorismo a los culpables.
Todo parece indicar que las autoridades fiscales o policiales están esperando que la gente se olvide de estos escándalos y disimular su inacción que huele a encubrimiento, pues se trata de hechos de suma gravedad.
Días atrás, el nuevo ministro del Interior Mariano Gonzales dijo con todo descaro que era difícil llegar al lugar donde habían secuestrado a los periodistas y que como los ronderos son numerosos, se requería de un buen número de policías.
El ministro del Interior está diciendo con ello que la Policía no tiene prevista ninguna estrategia para casos de delitos en lugares remotos y por eso no fueron a detener a los ronderos. ¿No conoce el Perú? ¿No sabe que en todo el país hay interminable número de poblados de difícil acceso?
Amparándose probablemente en el mismo argumento, no hay ningún detenido por el secuestro del grupo de mujeres en Chilia, Pataz, La Libertad. Pese a haberse rescatado a estas mujeres, dichos delincuentes estarían amenazándolas para no declarar y no aceptar el examen médico legal.
No es creíble que la Policía no tenga ningún plan para llegar con número suficiente de efectivos a lugares remotos. Estamos en el Perú y tenemos que estar preparados para contingencias no sólo en Lima Metropolitana sino para todo el país.
Con sus declaraciones, el ministro está demostrando que no está en capacidad para estar al frente de la seguridad interna y debe dársele de baja cuanto antes, pues el comportamiento del ministro está alentando a los ronderos a actuar con impunidad y podrían perpetrar más adelante delitos peores amparados en Gonzales y en la protección que parece brindarles el presidente Pedro Castillo pisoteando la ley.
La omisión de funciones está tipificada en el Código Penal. ¿Qué espera la Fiscal de la Nación para actuar?
