A fin de fortalecer a lucha contra la corrupción, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría —con 109 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones— el dictamen mediante se regula los mecanismos para la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.
A ese acuerdo se llegó en la sesión que realizó el jueves 13, dirigida por la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones Soriano.
Se trata del dictamen de los proyectos de ley 572 y 675 el cual cuenta con el consenso de las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.
Correspondió a la congresista Norma Yarrow (Avanza País), presidenta de la Comisión de Descentralización, exponer los detalles del dictamen mediante el cual se establece obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas en el sector público y privado de manera previa a su ingreso a laborar en instituciones o empresas públicas o privadas durante el ejercicio de sus actividades laborales o al termino de estas.
“Lo que busca esta propuesta es que las personas que trabajan en empresas privadas no se beneficien o a sus empresas, ni accedan a cargos públicos dentro de un plazo establecido y que los funcionarios públicos no beneficien a empresas luego de dejar sus cargos donde obtuvieron información privilegiada”, añadió la legisladora.
El dictamen señala que la comisión se inclina por apuntar al equilibrio en la regulación del conflicto de intereses que pudiera existir en los profesionales que acceden al servicio público por su trayectoria en la especialidad en el sector privado, a través del establecimiento de su inhibición en la participación de los procesos de toma de decisiones en los que pudieran inferirse la existencia de conflicto de interés.
“Tres años era bastante largo. Con un año podríamos iniciar en una norma que sea para lo que siempre nos quejamos que hay tráfico de influencias, información privilegia, una norma que nos pueda permitir a nosotros tener ese control. Por ser altos funcionarios es importante que se mantenga esa reserva”, anotó la legisladora.
Yarrow agregó que la propuesta se aplicaría para altos funcionarios que tengan información privilegiada.
También hizo lo propio el congresista José León Luna Gálvez (PP), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien se refirió al Proyecto de Ley nro. 572 Ley que incorpora la sexta y séptima disposiciones complementarias a la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo referidas a regular el nombramiento y designación de funcionarios públicos, como mecanismo de transparencia, evitando la llamada puerta giratoria.
Luna Gálvez saludó la propuesta planteada por la Comisión de Descentralización por ser más completa al incluir otro proyecto de ley y tener un mayor alcance, motivo por el cual manifestó su total acuerdo y respaldo al dictamen sustentado por Yarrow.
En el debate participó la congresista Sigrid Bazán (CD-JPP) quien sostuvo que se trata de un proyecto de ley muy valioso porque llena vacíos en la legislación que han permitido las puertas giratorias y por eso la necesidad de ordenar a estos gestores de intereses para evitar aprovechamientos indebidos o ilícitos y así a través de una norma que genere estabilidad y predictibilidad poner las cosas claras con respecto al sector público y privado.
