Las necropsias de los fallecidos durante las protestas ralizadas en Juliaca el 9 de enero de este año indican que 17 manifestantes perecieron a causa de impactos de proyectiles y que el policía José Luis Soncco Quispe no murió quemado vivo, sino a causa de impactos de objeto contundente en la cabeza. Su cuerpo fue hallado en un patrullero incendiado.
Pese a las inconsistencias de las versiones, entendibles para cualquiera, diversos medios repetían que el policía fue quemado vivo, lo cual indica la calidad de prensa que tenemos, de última categoría y mermelera.
La versión de que dicho policía fue quemado vivo, difundida por la Policía Nacional no era confiable por las características de los incidentes, pues no había cámaras, testigos y referían que un puñado de policías enfrentó a una gran muchedumbre, cuando los policías normalmente se retiran si verifican que son sobrepasados en su capacidad de cumplir su deber por un número de manifestantes que convierte a la situación en inmanejable.
De otro lado, el policía que dijo estar junto al fallecido señaló que el policía quedó atrapado dentro del patrullero y no pudo salir de éste cuando fue incendiado, lo cual es imposible porque ya había muerto por traumatismo craneal antes del incendio del vehículo.
Dada la falta de veracidad de la versión policial ahora no se sabe quiénes incendiaron el patrullero, si los manifestantes o los policías, pues diversos vídeos muestran a policías causando desmanes, incluso piedras contra locales estatales, en un patrón que apunta a exagerar los actos de vandalismo perpetrados por manifestantes o infiltrados, con la finalidad de justificar los asesinatos con abuso del monopolio del uso de la fuerza.
Además, hay otros hechos graves denunciados, como ameanazas de los policías a civiles para que no filmen los hechos, amenaza que incluso fue contra un periodista que resultó herido.
Tiraron a matar
El informe, publicado por La República, indica que restos de proyectiles encontrados en 9 cuerpos muestran que fueron disparados por fusiles AKM, que es de uso común de la Policía Nacional. Uno de los fallecidos presentó 72 heridas de perdigones de metal.
De los 18 civiles fallecidos en Juliaca durante las manifestaciones del lunes 9 de enero, 11 recibieron de frente los impactos de los proyectiles. Es decir, los policías o militares apuntaron sus fusiles mirándolos directamente, tiraron a matar.
Seis fallecidos fueron alcanzados por los proyectiles por la espalda cuando, huían tras escuchar los disparos.
De los 18, todos excepto uno murieron por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Uno falleció a causa de múltiples heridas de perdigones de metal.
Tres menores de edad sufrieron muerte por balas. A Elmer Leonardo Huanca, de 16 años, le alcanzó una bala calibre 7.62mm. en el tórax a la altura del pulmón izquierdo. El proyectil le perforó el diafragma, el hígado, y se quedó alojado en el abdomen. El calibre 7.62 corresponde a los fusiles AKM de la Policía Nacional.
Orificio de bala de calibre 7.65mm en el cuerpo de Elmer Solano
La adolescente de 17 años, Jamileth Aroquipa Hancco, fue atravesada por una bala de calibre 9mm., Parabellum, que ingresó a la altura del abdomen. El proyectil corresponde a las pistolas Beretta o SIG Sauer, de uso oficial de la Policía Nacional.
Proyectil calibre 9 mm parabellum encontrado dentro del cuerpo de la adolescente Jamileth Aroquipe, de 17 años
El proyectil que mató a Roger Cayo Sacaca, de 25 años, entró por el ojo izquierdo hasta llegar al cerebro, lo que le produjo una hemorragia cerebral. La familia solicitó que no se continuara con la búsqueda de la bala para preservar la morfología del rostro de Roger Cayo.
El cuerpo de Gabriel López Amanqui tenía 72 orificios por disparos de perdigones. Uno de ellos cruzó el pulmón y le llegó al corazón. Ninguno de los perdigones salió del cuerpo. La fotografía de cómo quedó el cuerpo, que forma parte del expediente fiscal, es espantosa. El autor de los disparos actuó con ferocidad.
El cuerpo de Omar Amanqui tenía 72 orificios causados por perdigones
Según las investigaciones fiscales, el 9 de enero los efectivos de la PNP salieron con pistolas, escopetas y fusiles AKM.
De acuerdo con las actas de necropsia, fueron encontrados restos de proyectiles en 9 cuerpos de las siguientes víctimas:
Marcos Quispe Quispe
Jhamileth Aroquipa Hancco
Reynaldo Ilaquita Cruz
Elmer Leonardo Huanca
Paul Mamani Apaza
Ghiovanny Illanes Ramos
Edgar Huarancca Choquehuanca
Eberth Mamani Arqui
Roger Cayo Sacaca
Los demás registran orificios de entrada y salida de los proyectiles:
Marco Samillán Sanga
Christian Mamani Hancco
Héctor Quilla Mamani
Gabriel López Amanqui
Rubén Mamani Muchica
Nelson Pilco Condori
Heder Mamani Luque
Heliot Arizaca Luque
Los restos de proyectiles han sido destinados por la fiscalía al laboratorio de peritajes balísticos forenses, para determinar con mayor precisión qué tipo de armamento se usaron: los fusiles AKM de la Policía Nacional o los Galil del Ejército.
El caso de Edgar Huarancca Choquehuanca, un ayudante de cocina de 22 años, presenta tres orificios de proyectil.
Catorce de las 18 víctimas fueron abatidas cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. El lunes 9 de enero, policías y militares resguardaban y reprimían a los manifestantes. Un documento obtenido de la Fiscalía señala que 63 soldados del Ejército fueron designados al lugar para apoyar a la PNP.
Algunos fallecidos no eran manifestantes
No se hicieron pericias balísticas en armas de fuego que estaban asignadas a los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional, porque había transcurrido demasiado tiempo y la prueba resultaría orientativa designando falsos positivos y falsos negativos.
El día de los hechos estaban vigentes las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que prohíbe disparar indiscriminadamente a los manifestantes, excepto cuando se presentan situaciones en las que corren en peligro la vida de los efectivos o de otras personas.
Videos y fotografías recabadas hasta el momento, indican que los disparos se registraron cuando no había una amenaza contra policías, militares o civiles.
Los abogados de los familiares de las víctimas han solicitado los planes de operaciones que la Policía Nacional ejecutó el 9 de enero. Señalaron que el coronel PNP Juan Pedrera Ruiz estuvo a cargo de las acciones de represión en el aeropuerto Manco Cápac.
Un grupo de los deudos se presentó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para informar que transcurridos dos meses se ha avanzado muy poco porque la Fiscalía a cargo de las investigaciones no es especializada en derechos humanos. Por lo que requieren al Ministerio Público que se asigne a un fiscal con experiencia en este tipo de casos, como sucede en otras regiones en las que también las fuerzas del orden dispararon a matar en el marco de las protestas antigubernamentales.
De las 18 víctimas del lunes 9 de enero en Juliaca, 10 recibieron los balazos en el tórax, 5 en la cabeza y 2 en el abdomen, lque apunta a un patrón indicado por órdenes superiores.
El médico brigadista Marco Samillán Sanga no era un manifestante y recibió por la espalda un balazo que salió por el tórax, ingresó de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. El proyectil le atravesó el pulmón izquierdo y le causó una hemorragia mortal y prueba que se disparó indiscriminadamente, lo que está prohibido.
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