La operación que realiza el Ministerio Público para incautar los bienes muebles e inmuebles en la investigación al excongresista fujimorista Joaquín Ramírez es la segunda más grande desde el caso Orellana, señaló el ministro del Interior, Vicente Romero.
Como se recuerda, años atrás un testigo había afirmado que Ramírez le dijo que Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”, le había encargado “lavar” 15 millones de dólares. El investigado, que antes era cobrador de combi, sorprendentemente pasó a manejar bienes millonarios cuyo origen no puede explicar.
Entre las propiedades incautadas figuran los inmuebles de la Universidad Alas Peruanas, la cual carece de licenciamiento por parte de la Sunedu. Esta universidad otorgó cuestionables títulos de maestría y doctorado a la fiscal de la Nación Patricia Benavides), en San Isidro y Jesús María. Alas Peruanas se negó a entregar las tesis de Benavides, lo que apuntaría a que nunca las realizó. Sospechosamente, los estudios de maestría y doctorado Benavides los habría “realizado” al mismo tiempo, algo imposible en cualquier universidad seria.
Otros bienes son siete avionetas y un hangar en Ica, así como una ambulancia. Son 295 bienes por un monto de unos mil millones de dólares, que pasarán al Estado. Señaló que, después del caso Orellana, la investigación contra Joaquín Ramírez es la más grande del Perú.
“Más de 1.000 millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes. Edificios, vehículos, aeronaves, simuladores, inmuebles, (entre otros) en fin. Después del caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú”, explicó el ministro del Interior.
“Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lo lícito, justamente, en el tema de lavado de activos”, añadió Romero.
“Estamos dando un mensaje claro como Gobierno, como operadores de justicia, de que vamos a cambiar las cosas y de que no va a haber impunidad y además, finalmente, lo que se usó para el mal ahora va a servir para el bien”, dijo.
No olvidemos que el ladrón Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, es considerado el la lista de los exgobernantes más corruptos del mundo con el número siete, aunque los US$600 millones son una cifra que debe estar por debajo de lo real, en vista del saqueo al Perú perpetrado por la organización criminal fujimorista. A ello se suman los millonarios sobornos de grandes empresas por los cuales se acusa a Keikop Fujimori.
Como se sabe, la entrega de dinero de empresarios a la hija del delincuente Fujimoroi y otros candidatos presidenciales sigue un patrón que calificaría a estas entrega como coimas por adelantado, como lo hacía Odebrecht, a cambio de posteriores favores para que sus empresas obtengan beneficios millonarios saqueando al Estado.
Una muestra del comportamiento de la bancada fujimorista arroja luces sobre los condicionamientos de los aportes de empresarios. Fujimori no fue elegida presidente, pero tiene congresistas sometidos. Hemos visto cómo el grupo Gloria también realizó aportes y en setiembre de 2022 fue favorecido con una ley que favorece a Gloria y perjudica a los niños con una alimentación deficiente, la Ley 31554, aprobada con la intervención de la fujimorista Marta Moyano en la mesa directiva, junto con otros personajes serviles al fujimorismo como Norma Yarrow (Avanza País), José Arriola Tueros (Avanza País) y Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), firmada por Lady Camones, Martha Moyano y Maricarmen Alva. A esta ley le dieron prioridad y relegaron otros proyectos de ley importantes para el país.
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