Una ley translúcida
Una ley translúcida
Víctor Martínez González (*)
El gobierno español pretende dotar de mayor transparencia a las administraciones públicas, ministerios y a los altos cargos, salpicados por varios escándalos de corrupción en los últimos años. Para ello ha elaborado un anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que permita a los ciudadanos solicitar documentación relativa a la actividad pública de los poderes del Estado, siempre que no tenga el sello de confidencialidad. El borrador presenta no obstante varias trabas y restricciones, algunas demasiado vagas y ambiguas, a la hora de solicitar la información. Las peticiones podrán ser rechazadas si la administración considera que existe un “perjuicio para los intereses económicos y comerciales, la política monetaria y la protección del medioambiente”, lo que dificulta la lucha contra la corrupción política.