Punto de Vista

Han transcurrido unos días de la renuncia de Avelino Guillén al cargo de Ministro del Interior por la falta de respaldo político del presidente Castillo en su malestar con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, señalado de guardar relación con una supuesta mafia corrupta que desnaturalizaba y entorpecía las acciones que el exministro creía necesarias. Se esperaba entonces que el Presidente resolviera estos entredichos y respaldara a Guillén; su lenta y desconfiada manera de tomar decisiones, puso en el escenario una nueva crisis. A esta primera renuncia siguió la declinación de Mirtha Vásquez, quien como ella expresó, se había llegado a un punto que no permitía prolongar su compromiso con el mandatario optando por su renuncia al premierato.

Artículo de opinión por Julián Palacín Gutiérrez, presidente ejecutivo del Indecopi.

Julián Palacín Gutiérrez
Presidente ejecutivo del Indecopi

Existen dos hipótesis jurídicas sobre la responsabilidad civil de Repsol en el caso del derrame de petróleo en Ventanilla. La primera hipótesis es la de indemnización por culpa y la segunda es la indemnización por riesgo, las cuales quiero explicar, pensando en la defensa de la soberanía del Perú y de los derechos indemnizatorios del Estado y de los consumidores que se han visto afectados por la contaminación del mar.

Raúl Allain

Los graves cuestionamientos contra presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo son un indicador negativo. Pero lo es más la actitud de las entidades del Estado que pareciera que hacen caso omiso a las evidencias de que algo malo está ocurriendo y estarían “blindando” al jefe de Estado.

Por ahora, esperando las decisiones de segunda instancia de la justicia peruana, el periodista Christopher Acosta ha sido sentenciado a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 000 soles compartida con Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House en Perú, por difamación contra César Acuña, en su libro Plata como cancha.

Por Raúl Allain (*)

Los representantes de la bancada de oposición del Congreso de la República presentaron una moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, al que acusaron de nombramiento indebido por las presuntas irregularidades de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021.

By Raúl Allain

Peruvian President José Pedro Castillo Terrones took office on 28 July after defeating Keiko Fujimori, the candidate of the Fuerza Popular organisation, in a run-off election that was decided by less than one percent of the vote. Since then, the President of Peru has been facing a series of scandals caused by members of his organisation or his controversial decisions, as well as judicial investigations into his entourage and the alleged “secret meetings” outside the official agenda in Breña.

Raúl Allain

El presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, asumió el cargo el pasado 28 de julio luego de superar en segunda vuelta electoral a la candidata de la organización Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una elección que se definió por menos del uno por ciento de los votos. Desde entonces, el Presidente del Perú viene afrontando una serie de escándalos causados por miembros de su organización o sus polémicas decisiones, además de investigaciones judiciales en su entorno y las presuntas “reuniones secretas” fuera de agenda oficial en Breña.

Por Julio Ubillus Soriano*

 Los Constituyentes al redactar la Constitución de 1993, entre los artículos 58.° al 65.° consagran la economía social del mercado para propiciar el libre desarrollo y el bienestar a través de esta política económica; elevándose también a nivel constitucional en el artículo 65.º la defensa de los consumidores y usuarios; para combatir el abuso de las posiciones dominantes, de manera tal que se respete la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria dentro de un pluralismo económico de libre competencia y solo intervención subsidiaria del Estado. El Ejecutivo fue depositario de este mandato constitucional, e Indecopi como organismo técnico encargado de la ejecución.

La moción de vacancia del mandatario por presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas impulsada por los partidos que siguen denunciando el fraude electoral —Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular— fracasó la semana pasada al obtener apenas 46 votos, archivándose ante la sonora celebración del oficialismo y la desesperación de sus polémicas y más visibles promotoras, la congresista Chirinos y la siempre candidata Fujimori. A ese resultado contribuyó, en alguna medida, el patético espectáculo protagonizado por el programa político Cuarto Poder del grupo El Comercio que, tras anunciar audios demoledores de la primera autoridad, terminó presentando la conversación de dos personajes insignificantes en un parto de los montes.

Hace algunas semanas un operativo de la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal denominada “Los Hijos del Cóndor”, culminó con la captura del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y cerca de dos decenas de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y entidades de importancia como la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) y Copasa – Región Arequipa, entre otras. Las acusaciones son muy graves y están referidas al uso del poder para asegurar los votos del Consejo Regional de Arequipa y proteger al Gobernador a cambio de la cesión y adjudicación de terrenos pertenecientes al proyecto Majes o la entrega de obras condicionadas a las empresas con el pago de comisiones ilegales.