El Congreso, o hampa congresal, una vez más aprueba una norma para favorecer a los delincuentes, en especial a los delincuentes políticos corruptos presentes en diferentes partidos al cambiar la tipicidad de una organización criminal y estorbar así las investigaciones fiscales para buscar que prescriban los delitos, sumado a esto que con otra redujeron el plazo de prescripción para atar de manos a la Fiscalía y proteger a los delincuentes.

 

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Ante la norma que establece que los venezolanos deberán presentar visa y pasaporte para ingresar al Perú, grupos de esa nacionalidad permanecen en Chile. Se trata de un asunto que Chile debe resolver y no el Perú, pero la Defensoría del Pueblo, en lugar de preocuparse de los miles de asaltos diarios, asesinatos casi a diario y otros delitos que los venezolanos perpetran contra los peruanos, se dedica ahora a defender a los venezolanos que no pueden ingresar a nuestro país.

 

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El hampa congresal una vez más beneficia a los delincuentes y en ese afán se desafía al Poder Judicial a través de la Comisión Permanente, que dio el visto bueno a la disposición que obliga a los jueces a aplicar la Ley 31751, llamada “Ley Soto”, porque favorece al presidente del Congreso Alejandro Soto para salvarlo de investigaciones y posiblemente la cárcel.

 

Alejandro Soto

Alejandro Soto

El Congreso de la República, en lugar de perfeccionar elaborar nuevas leyes en favor de la educación, la seguridad o la salud, se está convirtiendo en una maquinaria que dispara a la sociedad cañonazos para favorecer a la delincuencia. En este caso a quienes perpetraron graves delitos como son los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que serán beneficiados con la prescripción, en contra de la tendencia de las leyes internacionales y las recomendaciones de organismos internacionales.

 

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El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, suscribió la autógrafa de ley que restituye los depósitos semestrales de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, respecto a los periodos comprendidos entre mayo de 2014 y octubre de 2015, con cargo a los créditos presupuestarios y según disponibilidad presupuestal.

 

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“Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori”, aseguró el fiscal José Domingo Pérez

El fiscal José Domingo Pérez sustentó hoy una primera parte de la acusación contra Keiko Fujimori y más de 40 implicados en el escándalo “Cócteles”, en el juicio oral por presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos, que se instaló ayer tras ser denegada la solicitud de la defensa de Fujimori contra el inicio del juicio.

 

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