Consejo de Estado planteó medidas concretas para luchar contra la corrupción en el país
Entre las acciones propuestas por los miembros del Consejo de Estado se encuentran: la creación de seis juzgados anticorrupción a nivel nacional, y la Fiscalía Suprema Anticorupción.
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sostuvo hoy que durante la reunión del Consejo de Estado en el que participaron el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, y los titulares del Poder Judicial, Víctor Ticona, y del Ministerio Público, Pablo Sánchez, acordaron acciones concretas para reafirmar la política anticorrupción en el país.
Salgado afirmó que Constitución no consigna reuniones entre poderes.
El periodista César Hiladebrandt mostró la resolución de nombramiento como exasesor de Carlos Moreno en la que también se suscribe un añadido especial que le permitía al exasesor poner a su servicio a las "instituciones del Poder Ejecutivo" y que además no fue puesta en el capítulo de los consejeros que no cobran.
La titular de Salud, Patricia García, precisó que los documentos de licitaciones, concursos y procesos de compras sobre medicamentos del Ministerio de Salud (Minsa) no fueron afectados durante el incendio ocurrido en el almacén de El Agustino.
La lideresa del Frente Amplio y excandidata presidencial, Verónika Mendoza, fue ubicada por la revista internacional “Americas Quarterly” en el top 5 de jóvenes políticos más destacado en Latinoamérica, menores de 40 años de edad.
La parlamentaria del fujimorismo, Yesenia Ponce Villareal, fue denunciada ante la Comisión de Ética del Legislativo por presuntamente haber mentido sobre sus estudios en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El titular de la Comisión Presidencial de Integridad, Eduardo Vega, anunció que su despacho trabajar propuestas de lucha contra la corrupción en base a cinco temas centrales durante los 45 días que tiene como plazo.
El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, afirmó que el fujimorismo está a favor del proyecto aprobado por el Ejecutivo que propuso la “muerte civil” para los funcionarios sentenciados por delitos de corrupción.
