Casi nula presencia del Estado en regiones amazónicas favorece actividades ilegales y pone en riesgo biodiversidad y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
http://www.comunicacionesaliadas.com – El 22 de enero, un día después que el papa Francisco culminara su visita de tres días al Perú, en la que manifestó que la Amazonia “es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, fue promulgada la Ley N.o 30723 que declara “de prioridad e interés nacional” la construcción de carreteras en la región oriental de Ucayali, fronteriza con el estado brasileño de Acre.
Ucayali, junto con las regiones amazónicas de Loreto y Madre de Dios, cuenta con grandes extensiones de áreas naturales protegidas y es hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que, a decir del papa Francisco, “son los más vulnerables entre los vulnerables”.
“El rezago de épocas pasadas les obligó a aislarse hasta de sus propias etnias, emprendieron una historia de cautiverio en los lugares más inaccesibles del bosque para vivir en libertad”, dijo el pontífice, e hizo un llamado a seguir defendiendo “a estos hermanos más vulnerables”.
En Madre de Dios, dirigiéndose a unos 3,500 de indígenas amazónicos, Francisco manifestó que “ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común. La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida”.
Una de las imágenes más simbólicas que dejó la visita del papa a Madre de Dios fue su encuentro con el líder awajún Santiago Manuin, que viajó desde Amazonas, en el extremo norte. Manuin fue herido de gravedad durante los enfrentamientos ocurridos el 5 de junio de 2009 entre policías e indígenas que protestaban contra una serie de decretos aprobados por el gobierno del expresidente Alan García (2006-2011) que atentaban contra sus intereses al permitir en sus tierras ancestrales la explotación indiscriminada de la minería, petróleo, agricultura y otras industrias.. Los choques dejaron 33 personas muertas, 10 indígenas y 23 policías.
Aunque la ley 30723 establece que la construcción de las vías se hará “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”, la baja o nula presencia del Estado en las regiones amazónicas favorece actividades ilegales, incluyendo la tala, el narcotráfico y la minería.
La ley 30723 ha sido rechazada por organizaciones indígenas como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) que “por más de dos años ha venido denunciando el contenido lesivo de proyectos de ley que atentarían contra los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, por su alta vulnerabilidad frente a enfermedades endémicas transmisibles por el ingreso de terceros a su territorio y generan contactos forzados”.
En un comunicado publicado el 25 de enero, FENAMAD denunció que las vías están siendo promovidas “en zonas donde aún quedan recursos maderables de considerable valor económico”, e hizo un llamado a “la Defensoría del Pueblo y las fuerzas políticas a que expresen el rechazo frente a esta ley que busca afectar la vida y territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial en los bosques que ancestralmente constituyen su territorio”.
En riesgo bosques primarios
El no gubernamental Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Peruana (MAAP) alertó que una de las principales propuestas de la ley 30723 “es la construcción de la carretera Puerto Esperanza-Iñapari (277 km), a lo largo de la frontera con Brasil, en las regiones Ucayali y Madre de Dios”. La carretera afectaría 275,000 ha de bosque primario y tres áreas críticas para los pueblos indígenas en aislamiento y la biodiversidad: Reserva Territorial Madre de Dios, Parque Nacional Purús y Reserva Comunal Purús, afirmó el MAAP en un informe publicado el 9 de enero.
Iñapari, en Madre de Dios, es el último punto en el Perú de la carretera Interoceánica Sur, inaugurada en diciembre del 2010 y que une el Pacífico con el Atlántico, y será el punto de partida de la vía hacia Puerto Esperanza, en Ucayali.
La Interoceánica Sur ha tenido un gran impacto sobre los bosques amazónicos. Además de haber acelerado la deforestación —más de 2 millones de hectáreas se han perdido desde el 2000, según el Instituto del Bien Común—, ha permitido el ingreso de actividades delincuenciales como la tala y la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas, con la consecuente contaminación de los ríos, profusión de incendios forestales e invasiones de territorios indígenas.
“La explotación informal de oro, que en verdad es simplemente ilegal, ya ha causado directamente la deforestación de unas 53,000 hectáreas de bosques en Madre de Dios y ha resistido a todos los esfuerzos del gobierno nacional para controlarla o encausarla. La actividad minera no solamente elimina el bosque sino que ocasiona la destrucción del suelo que es reducido a un paisaje lunar dominado por el cascajo. La contaminación del agua por los sedimentos y por el uso de mercurio y de combustibles fósiles prácticamente ha esterilizado los ríos, ya casi sin peces ni otras formas de vida. Además, los mineros están armados y matan cuanto ‘bicho’ se pone a su alcance para complementar sus raciones. En años recientes, la actividad minera se ha concentrado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata y en la Reserva Comunal Amarakaeri”, escribió en el 2015 el científico peruano Mark Dourojeanni en el informativo Actualidad Ambiental.
“Cállate”
La defensa de los bosques y territorios indígenas en Ucayali ha cobrado varias vidas. En el 2014, cuatro indígenas asháninkas de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en el departamento de Ucayali, fueron asesinados por taladores ilegales.
Edwin Chota, jefe de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, y los dirigentes Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo habían denunciado por años la tala ilegal en su territorio, negocio sumamente rentable en el que están involucradas empresas, autoridades y taladores ilegales. Según Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en EE. UU., Chota era un dirigente conocido y activo contra la tala ilegal.
“Presentó varias denuncias en Pucallpa [capital de Ucayali] y Lima, pero siempre fueron archivadas. Tenía documentación, videos, [ubicación en] GPS. Sindicaba personas, las identificaba con nombres y apellidos, con fotos. Con estas muertes, el mensaje de las mafias de la tala ilegal a quienes se oponen a esta actividad es ‘déjenme operar, ni siquiera la autoridad me está molestando’. El mensaje es ‘cállate’”, dijo Urrunaga.
El 1 de setiembre de 2017, seis campesinos fueron asesinados en el distrito de Nueva Requena, en Ucayali. Pero a diferencia del caso de Chota y sus compañeros, el interés en esta oportunidad era apropiarse de sus tierras para participar en el lucrativo negocio del cultivo de aceite de palma.
Según información periodística, el asesinato fue cometido por “alrededor de 40 hombres” porque “los agricultores se habían negado a entregar sus tierras”. Detrás del crimen estaría un grupo de empresarios encabezados por Juan José García Gavilán, gerente general de la empresa arrocera Agrícola Cordillera Azul.
En un comunicado, la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) denunció que el tráfico de tierras, la tala y comercio ilegal de madera, deforestación indiscriminada son propiciados “desde las esferas del Gobierno Regional de Ucayali y los grandes inversionistas que ingresan a la Amazonia para sembrar grandes extensiones de monocultivo de palma aceitera y otros agronegocios, en desmedro de la práctica de agricultura que siempre hemos cultivado los campesinos y pueblos indígenas”.
Pocas semanas después del asesinato de los seis campesinos, Huber Flores Rodríguez, indígena shipibo konibo de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, colindante con plantaciones de palma aceitera, fue amenazado de muerte.
Como afirmó Global Witness, organización dedicada a la protección de defensores del ambiente y la tierra, en su informe “Defender la tierra” publicado el 13 de julio de 2017, “nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente”.
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Nativos son estorbo Los políticos vendidos y los empresarios corruptos que gobiernan el Perú aborrecen toda forma de propiedad comunal y anhelan implantar la propiedad privada de la tierra entre los indígenas para quebrar su resistencia, dividirlos y entregar sus tierras para prospección de hidrocarburos o para que se siga deforestando los bosques. Ese objetivo destructor del estado peruano rechaza la presencia de defensores del medio ambiente y por eso los asesinan. [Nota de Con nuestro Perú] |
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