Humberto Campodónico
Por primera vez, en el 2014, se han puesto de manifiesto las grietas del modelo económico adoptado a principios de los 90. La causa central es, claro está, la disminución del crecimiento económico y, a partir de allí, se pueden analizar claramente sus repercusiones e impactos en instituciones diversas.
El problema central radica en que las principales medidas económicas adoptadas no están encaminadas a sacar las lecciones de los problemas del modelo primario exportador, cuyo agotamiento está claramente definido por la desaceleración mundial y, también, de China, principal importador de materias primas.
En efecto, las medidas adoptadas con los diversos paquetes “reactivadores” tienen como denominador común la creencia de que los problemas son “coyunturales”. Se trataría de capear el temporal, hasta que se reactive la demanda de minerales y los precios vuelvan a subir.
Ese es el sentido de la rebaja de impuestos a las grandes empresas, que disminuyen los tributos directos, aumentando el peso de los indirectos, como el IGV. Se afirma que, con más dinero en los bolsillos, las empresas invertirán más. Pero esta “teoría” no ha funcionado, pues las decisiones de inversión dependen de variables como las proyecciones de demanda y las expectativas de rentabilidad futura.
Agreguemos que, desde el 2003 hasta el 2013, la participación de los salarios en la distribución del ingreso ha bajado de 25 a 21% del PBI, mientras que las ganancias han subido de 59 a 63% del PBI (1). Si esto ha sucedido con auge económico, ¿por qué tendría el gobierno que agravar esta desigualdad en momentos de una desaceleración? ¿No sería mejor aumentar la demanda para reactivar, por ejemplo, subiendo el salario mínimo?
La oportunidad se dio con el premier Villanueva, a principios de año, pero el ministro Castilla la cerró afirmando que el tema “no estaba en agenda”. Pero sí lo estaba, como ya fue demostrado (2). En este caso, vale la pena recalcarlo, Castilla se saltó a la garrocha la institucionalidad del Ministerio de Trabajo.
A mediados de año pareció que se abría una “ventana” para prender nuevos motores de crecimiento, cuando se aprobó el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) que plantea aumentar la canasta exportadora, aumentar la productividad con transferencia tecnológica y disminuir los “sobrecostos laborales”.
Es aquí donde aparecen los planteamientos “primigenios” de la ‘Ley Pulpín’. El primero tiene que ver con la forma: los temas laborales le incumben al Ministerio de Trabajo. Pero eso no sucedió, pues la ‘Ley Pulpín’ se elaboró en Produce y el MEF. ¿Se imaginan que por fuera del BCR se modifique la tasa de interés? O que la Ley de Carrera Magisterial no la elabore el Ministerio de Educación?Pero eso le importa poco a quienes defienden las empresas a toda cista y plantean quebrar el “tabú laboral”.
Lo segundo es que violar la institucionalidad —tan cara a Ghezzi— no solo es un tema de forma sino de fondo. Sin instituciones que funcionen, no hay buena gobernanza posible, con lo cual se trastoca el propio crecimiento económico.
En cuanto al fondo, el debate ya ha demostrado que la informalidad (y la falta de empleo formal que de allí se deriva) es un síntoma. La enfermedad es la falta de empleos productivos y de calidad, lo que no se logra con las políticas autocomplacientes del “piloto automático”, que cree en el crecimiento eterno de los precios de las materias primas. Si ese “chorreo” es suficiente para aliviar la pobreza y la proliferación de “malls”, ¿para qué hacer otra cosa?
Es aquí donde se insertan las políticas sociales del gobierno que, ciertamente, han sido un factor de importancia en la reducción de la pobreza. Por definición, son temporales. Alivian mediante transferencias sociales mientras “llegan los empleos”.
El tema es que se pueden convertir en permanentes porque todo indica que en el 2015 difícilmente se crecerá más allá del 3% (Ricardo Lago dice 2.5%). Esto, de un lado, porque lo más probable es que se reduzcan los flujos de capital en la medida que se eleven las tasas de interés en los EE. UU. y, de otro, porque el peso de la deuda externa de las empresas peruanas ya llega al 16% del PBI, aumentando su riesgo. ¿Será por eso que les bajan los impuestos?
Agreguemos que este año solo entrarán en producción dos minas de tamaño mediano: Constancia (cobre, 80,000 toneladas, Hotbay) e Inmaculada (oro y plata, Hochschild), que no van a mover el amperímetro. En el 2016 sí deben entrar Las Bambas y las ampliaciones de Cerro Verde y Toquepala, con exportaciones proyectadas de US$ 4,800 millones (a los precios actuales).
Para terminar: después de 20 años se exponen las grietas señaladas, a las que se puede agregar la crisis del sistema de pensiones (público y privado), así como el hecho de que los diversos TLC, señalados como panacea curadora de todos los males, solo deben ser vistos como herramientas para apuntalar políticas de desarrollo y diversificación productiva.
El pánico de ver expuestas las grietas hace que se tomen toda clase de medidas que, sin querer queriendo, las van a agravar. Y, ojo, la gente ya se ha dado cuenta. Mejor es reconocer que existen y hacer variar el rumbo de la nave para no tropezar con la misma piedra.
(1) www.inei.gob.pe Ganar 4 puntos del PBI equivale a US$ 8,000 millones anuales para los empresarios. La misma suma la pierden los trabajadores.
(2) www.cristaldemira.com, 03/03/2014
La República, 29.12.2014
