Renta básica en tiempos de crisis
La cifra de desempleo en España alcanza ya el 14%. El empleo está siendo castigado por la crisis económica en la que el mundo está inmerso. El cierre de empresas y las deslocalizaciones dejan en desamparo a miles de familias que ven peligrar su subsistencia. Hoy, un trabajo remunerado ya no está al alcance de todos los que lo desean. Las condiciones actuales hacen no sólo difícil, sino imposible el pleno cumplimiento de este derecho.
En el mundo real, el derecho al trabajo no está garantizado para todas las personas. Una vez que el trabajo ha sido transmutado en mercancía sujeta a las leyes del mercado, el individuo pierde su más preciosa capacidad: la de obtener el sustento mediante su iniciativa y trabajo propios. La oportunidad de trabajar ya no depende de la voluntad del individuo sino de los complejos e injustos mecanismos del mercado.
En estas condiciones, resulta ilusorio pensar que en nuestras sociedades todo el mundo puede salir adelante disponiendo de un empleo digno. Más bien, lo que constatamos es la existencia de millones de excluidos, de un amplio contingente de personas de todas las edades que realizan “trabajos basura” o no tienen ni siquiera acceso a ellos. En España, las estimaciones sitúan a 8 millones de personas en estas condiciones, viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y la presente crisis hace pensar que ese número aumentará gravemente.
En otro momento histórico la conquista de nuestras sociedades fue conseguir la democracia política (derecho al voto). Pero en las condiciones actuales, esta conquista debería extenderse a una democracia económica (derecho a un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano) que garantice a todas las personas unas percepciones económicas mínimas que les permitan vivir dignamente, una Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Esta medida ya está siendo aplicada, en forma total o parcial, en Canadá, Alaska, Brasil…
Los fondos necesarios para sufragar la RBC, ha sido una cuestión estudiada a fondo por expertos que han demostrado que podrían obtenerse con ciertos reajustes fiscales.
La RBC no se plantea como una nueva carga para el Estado, porque no es un gasto social, sino una medida económica con inmediatos beneficios sociales, ya que el bienestar generalizado produce sociedades más equilibradas, más equitativas socialmente y con menos gastos en policía, salud, etc. Esta medida, además, incentivaría la participación ciudadana en la vida pública y la reorientación de nuestro contexto comunitario hacia valores de solidaridad y cooperación entre grupos humanos.
En tiempos de crisis, como el actual, la adopción de la RBC es una medida claramente necesaria, que aliviaría de inmediato la difícil situación por la que están pasando miles de familias. Se trata de una solución parcial, desde luego, pero no por ello deja de ser efectiva.
En un primer momento, y con carácter urgente, podría aprobarse su implantación para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que por haber perdido su empleo, por su condición de pensionistas o por otras razones, perciben prestaciones sociales inferiores al salario mínimo interprofesional -que sería el umbral de referencia-, lo que aportaría estabilidad económica y emocional a quienes están sufriendo injustamente las consecuencias de los desmanes del mercado. Ello sin perder de vista su carácter universal, hacia el que habría que tender en el futuro.
Debe considerarse rápidamente la aplicación de fórmulas de financiación alternativas, como la que se refiere a tasas sobre transacciones de divisas, propuesta de nuevo a las Naciones Unidas y contenida en la Declaración sobre fuentes innovadoras para el financiamiento de la “Iniciativa contra el hambre y la pobreza”, suscrita el 24 de septiembre de 2008 en Nueva York por los Presidentes Michelle Bachelet, Lula, Rodríguez Zapatero y el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner.
Hay que exigir a nuestros representantes parlamentarios a que contemplen con carácter urgente estas propuestas, en la confianza de que los intereses del medio ambiente y de las personas merecen ser atendidos con medidas directas que afecten a su calidad de vida y a sus economías, salvaguardándoles de graves riesgos ambientales y de la precariedad y amenaza de exclusión.
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* Fundación Cultura de Paz, Observatorio Renta Básica de ATTAC-Madrid, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, Cooperativa Proempleo, Vicepresidente de la Fundación Valores, grupo de investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo” de la Universidad de Sevilla.
