Jorge Manco Zaconetti
Entre julio del 2011 a mayo de 2024, con siete presidentes de la República (Humala, PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte), el Perú ha tenido 23 ministros de Energía y Minas (MINEM), casi dos ministros por año, ello es importante de reconocer pues hasta inicios de 2024, el ministro del sector presidía la Junta de Accionistas de PetroPerú, es decir presidía la máxima instancia de gobierno de la petrolera estatal, donde se aprobaba, revisaba, o rechazaba las decisiones presentadas por el directorio de la empresa. ¡Todo un récord mundial incluso que resulta superior a Bolivia!
De los 23 ministros de Energía y Minas 11 han sido ingenieros de formación, 9 abogados, y dos economistas. Siendo el Ing. Jorge Merino Tafur el de más duración pues se mantuvo en el cargo desde 11 de diciembre de 2011 hasta el 24 de febrero de 2014, durante el gobierno de la corrupta pareja presidencial Humala & Heredia, período en el cual se dio partida de nacimiento y se valorizó el costo de la Nueva Refinería de Talara (NRT) de PetroPerú.
Este ministro Ing. Merino Tafur está pasando piola pues es el responsable político de la valorización de las inversiones principales y auxiliares de la nueva refinería; es más entre sus nefastos antecedentes estaba la fallida privatización de Centromín de 1997 (fragmentación), cuando se privatizaron de manera separada las unidades mineras y de otro lado el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Es más, como resultado de la crisis financiera del 2008/2009, y ante la falta de pago de parte de la empresa responsable de la administración del Complejo Metalúrgico, Doe Run, sus acreedores demandaron su insolvencia ante el Indecopi, y como resultado desde el 2010 al 2024 el Complejo Minero Metalúrgico de La Oroya está prácticamente paralizado.
Hoy, la historia se pretende repetir con PetroPerú cuando espadachines a sueldo, lobistas, congresistas conservadores demandan que se declare la insolvencia de la petrolera, y pase a ser administrada por sus más importantes acreedores que son los bonistas, los bancos privados, las empresas proveedoras de crudo y derivados. ¿Quién es el principal interesado en toda esta infame campaña de prensa contra PetroPerú?
En la Junta de Accionistas de PetroPerú, hasta inicios del 2024 el ministerio de energía y minas colocaba en el directorio de la empresa a tres representantes, el ministerio de economía y finanzas (MEF) a dos miembros, y un representante era elegido por el conjunto de trabajadores (gerentes, funcionarios y empleados). Dicho directorio rendía cuentas a la Junta de Accionistas conformada por los ministros y viceministros del MINEM y MEF respectivamente. ¡Por tanto, legalmente eran los dueños de PetroPerú!
Cuando se analiza la composición de los ministros de Energía y Minas no debería llamar a sorpresa la presencia de reconocidos lobistas, privatizadores a ultranza, destacados abogados de los más renombrados estudios jurídicos del país, ex funcionarios de carrera del ministerio, empresarios con intereses materiales concretos en el sector, ex gerentes legales de las mineras, hasta ilustres desconocidos que llegaron con el gobierno de Pedro Castillo, un “pájaro frutero” semianalfabeto que en la historia de los presidentes del Perú, llegó al poder con un lema potente: No más pobres en un país rico.
Hoy que la petrolera estatal se debate en una profunda crisis económica financiera, con deudas de corto plazo por más de US $ 4,242 millones que no podrá asumir en especial las deudas con los proveedores de petróleo y derivados (US $ 1,909 millones), las deudas financieras (US $ 1,195 millones), con una provocada pérdida de participación en el mercado de combustibles que puede ser menor al 25 %, con un descrédito internacional de parte de las empresas supervisoras del capital financiero (bonistas); y sobre todo con una falta de transparencia en las decisiones a todo lo relacionado a la construcción de la Nueva Refinería de Talara (NRT), que a la fecha opera al 75 % de su capacidad por la parada de la unidad de flexicoking, la más importante después de la planta de retiro de azufre.
Como se reconoce esta unidad que procesa un promedio de 22 mil barriles diarios de petróleo residuales o industriales para convertirlos en derivados de mayor valor, experimenta una parada técnica hasta junio, por desperfectos provocados que se suponen son producto del apagón en el suministro eléctrico de febrero pasado, a pesar que el penúltimo ministro del sector Ing. Vera Gargurevich pregonaba a todos los vientos que la Nueva Refinería de Talara estaría completamente operativa en diciembre del 2023, incluyendo en sus dieciséis procesos industriales, la planta de cogeneración eléctrica. Es decir, se suponía que la refinería producía su propia energía en caso de una emergencia. ¡Nada de esto era cierto!
Esto no ha sido así, pues el apagón en el suministro eléctrico afectó también los sensibles equipos de la refinería, y tomará su tiempo su puesta en operaciones. Lo cierto y evidente es que PetroPerú pierde millones de dólares al no procesar los petróleos industriales en la unidad de flexicoking y así obtener diésel 2 limpios y gasolinas de alto octanaje y de mejores precios en relación a los precios de los residuales.
Aquí hay una grave responsabilidad política y económica del ministro Óscar Vera y su equipo, éste un ingeniero químico de la universidad nacional de Trujillo, que durante mucho tiempo fue el máximo responsable en la construcción de la Nueva Refinería de Talara. Es más, desde julio del 2021 buscaba afanosamente vía “Perú Libre” ser gerente de PetroPerú, pues se consideraba calificado para el cargo. ¡El manejo político poco técnico en la construcción de la nueva refinería con sus múltiples inauguraciones nos está pasando la factura!
En tal sentido, no debemos olvidar a los ministros de energía y minas del período 2011 a mayo de 2024, pues son los responsables políticos de esta realidad que están pasando piola, con un perfil tan bajo que nadie los menciona.
ENTRE PRIVATIZADORES Y LOBISTAS
Un lugar especial lo tiene el primer ministro de energía y minas de PPK, el presidente de la república más lobista de la historia del Perú Contemporáneo por lo menos desde 1980 a la actualidad. El señor Gonzalo Tamayo Flores como presidente de la Junta de Accionistas de PetroPerú desde el 28 de julio de 2016 a julio del 2017, conjuntamente con el ministro de economía y finanzas Alfredo Thorne casi en el mismo período, fueron responsables políticos del endeudamiento externo de PetroPerú, con la salvedad que Thorne fue asesor financiero del Banco de Inversión Merrill Lynch. ¡Siempre con las puertas corredizas!
En el caso de Tamayo Flores como ministro de Energía y Minas, era también en la práctica director de Macroconsult una de las empresas de servicios de consultoría e investigación de mercados más importantes del país, que tenía y tiene como clientes a empresas de hidrocarburos como Repsol, Pluspetrol, CNPC entre otras, que compiten con PetroPerú en un claro conflicto de intereses.
En verdad, con pocas excepciones la mayoría de ministros de Energía y Minas como de Economía y Finanzas, es decir los dueños de PetroPerú, por conformar la Junta de Accionistas de la petrolera estatal, casi siempre jugaron en contra de los intereses empresariales del Estado, pues su formación liberal y privatizadora era contraria al fortalecimiento de PetroPerú por medio de la integración vertical, es decir que tenga producción propia de crudo y gas, con estaciones de servicios propios (grifos) integrados a la refinería más moderna de esta parte del continente.
Se debe tener siempre presente que con la privatización de los lotes de PetroPerú de las operaciones del noroeste (Talara) y del Zócalo Continental Z-2B, la petrolera estatal ha tenido que recomprar lo que era de su propiedad, es decir de todos los peruanos. Es decir, entre 1994 a 2023, PetroPerú ha tenido que pagar a las empresas privadas la friolera de US $ 13,923 millones de dólares, es decir más del doble del valor de las inversiones de la Nueva Refinería de Talara (US $ 6,500 millones)
El egreso de US $ 13,923 millones para PetroPerú descontadas las regalías de hidrocarburos que capta el fisco, significan ingresos y utilidades para las empresas privadas, que ahora pretenden la extensión de sus contratos por 30 años más, gracias a su mayoría parlamentaria en el Congreso de la República.
Ante todo, frente a la crisis financiera, sobre todo de liquidez de PetroPerú y ante la rebaja efectuada por la Calificadora Internacional Fitch Ratings el 20 de mayo pasado, el todavía ministro de economía y finanzas José Arista ha tenido que declarar: “que el Estado como único accionista de la empresa… reafirmamos nuestro compromiso de seguir dando soporte económico y financiero a PETROPERÚ, con el objetivo de promover su sostenibilidad y así superar los inconvenientes planteados por los desafíos coyunturales del sector y de la empresa… Este compromiso está en línea con las últimas medidas económicas y financieras que han sido aprobadas para proveer recursos financieros y garantías que aseguren la continuidad operativa de PETROPERÚ, entre las cuales se incluye capitalizaciones, líneas de financiamiento directas y facilidades para el financiamiento indirecto a través de otras instituciones financieras del estado como el Banco de la Nación”.
Esta saludable rectificación de parte del ministerio de Economía y Finanzas, su principal accionista, resulta lo más sensato en la presente coyuntura pues la liquidación o privatización de PetroPerú arrastraría al conjunto de la economía peruana por la importancia estratégica de la petrolera. Ello no la exime de una necesaria reestructuración empresarial.
Diario Uno, 01.06.2024
Artículos relacionados
Los responsables de la crisis de Petroperú
