El alejamiento de los lobbies de lo que es la ciencia se evidencia una vez más en el Congreso de la República, donde, contrariamente a lo demostrado hace muchos años por la ciencia, busca implantar la confusión sexual quienes verían cómo un hombre cambia su inscripción en el RENIEC de sexo masculino a femenino y viceversa, cuando la ciencia nos demuestra que el sexo no puede cambiar aunque una persona se disfrace o se opere para parecer el sexo opuesto.
En todo caso, podrían haber optado seguir iniciativas como las aprobadas en Alemania, donde las personas pueden registrarse como hombre, mujer o “diverso”. Los “diversos” son los que tienen problemas de indentidad sexual y pueden no identificarse con su sexo verdadero, como los travestidos.
Esta moda es promovida por oscuras organizaciones del exterior y en los países donde se ha permitido ahora avanzan en su perversión cada vez m{as viéndose casos por ejemplo de personas que son despedidas de sus trabajos por negarse a reconocer que un hombre disfrazado de mujer es mujer.
La estrechez de mente y la ignorancia de los congresistas sometidos lobbies de opinólogos a sueldo de diversas ONG se evidenció en la Comisión de Mujer y Familia aprobó, por mayoría, el dictamen que propone la Ley de Identidad de Género, que tiene por objeto regular los principios, medidas, y procedimientos destinados a garantizar el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada.
Hoy lunes 29, durante la trigésima primera sesión ordinaria virtual de ese grupo de trabajo, que preside la congresista Carolina Lizárraga Houghton (PM), se aprobó este despropósito.
Previamente, la parlamentaria Julia Ayquipa Torres (Frepap) planteó una cuestión previa a fin de que la propuesta cuente con la opinión de los ministerios de Salud y de Trabajo, del Colegio Médico, quienes hasta la fecha no han respondido al grupo de trabajo. La propuesta fue rechazada por unanimidad.
Indicó que es necesario esperar las opiniones de esas instituciones, y que su debate en la comisión se dé posterior al proceso electoral.
En razón a ello, la titular del grupo de trabajo señaló que no hay ningún compromiso político, toda vez que la norma está desde el 2016 en la comisión sin que se haya puesto a debate.
Lizárraga dijo que la población trans ha vivido momentos difíciles y mucho más en época de pandemia que tienen que ser atendidos con urgencia por tener el mismo derecho que todas las personas.
En la misma línea, el legislador Alberto De Belaúnde (PM) dijo que es un tema impopular, que lo único que busca es garantizar el derecho no reconocido de una población vulnerable.
“La identidad de género está en el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el Poder Ejecutivo, está en el informe de la Defensoría del
Pueblo con la recomendación expresa a este Congreso para su aprobación. Ya conocemos cuál es la postura del Ministerio de Salud en la que establece una serie de parámetros para brindar la atención integral diferenciada a la población trans”, indicó.
Según el texto de la norma, toda persona es igual en dignidad, con pleno reconocimiento de su identidad de género, nadie debe ser objeto de discriminación, acoso, penalización o denegación de servicios por motivo de su identidad de género.
Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia persona del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Respecto a la rectificación registral, menciona que toda persona mayor de edad puede solicitar la adecuación registral de sus documentos de identificación, en sede administrativa mediante un proceso sencillo y gratuito ante la Reniec o sus sedes regionales o locales, si la identidad vivida difiere de aquella asignada al nacer.
La iniciativa propone como disposición final que, a efectos de implementar la presente ley, todas las instituciones deberán adecuar sus normas y procedimientos internos en el plazo de tres (3) meses computables a partir de su promulgación para su adecuación.
El Ministerio Público implementará en su registro de denuncias e investigaciones fiscales la variable de identidad de género dentro de aquellas que involucren delitos contra la vida, cuerpo, salud y discriminación.
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