Nueve comuneros de Catacaos, Piura, alertan que la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada a la depravada secta Sodalicio de Vida Cristiana, pretende despojarlos de sus viviendas y tierras mediante leguleyadas con las que arremeten contra ellos desde 2014.
Dicha empresa demandó a nueve comuneros exigiendo desalojen las tierras donde viven 200 famililas. Extrañamente, en primera instancia, el juzgado falló a favor de la empresa, pero la defensa de los comuneros decidió apelar en noviembre de 2021. Nueve meses después de la audiencia, la Primera Sala Civil de Apelaciones aún no fija una fecha para la lectura de sentencia.
El abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Alejandro Martens, explicó que 1 985.40 hectáreas que forman parte de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, y que actualmente se encuentran en disputa, fueron transferidas a empresas vinculadas al Sodalicio sin conocimiento de las y los comuneros, indica el portal Wayka.
“Hay 100 mil hectáreas que deberían estar en manos de los comuneros de Catacaos, pero ahora está en manos de terceros y que son parte de un tráfico de terrenos. Es decir, se apropian de forma irregular distintas hectáreas de terreno para obtener beneficio económico”, señaló Martens.
Los comuneros de Catacaos demandados la ACSB son Wilmer Maza Sandoval, Santos Maza Juárez, Percy Maza Sandoval, Casimiro Maza Juárez, Percy Vílchez Chiroque, Paula Sandoval Sullón, Gregorio Inga Sánchez, María Maza Flores y Reynaldo Palacios Anastasio. Santos Elías Mendoza también estuvo demandado, pero falleció.
Para sustituir a la Asociación Civil San Juan Bautista, pusieron nombre de una santa a la empresa, "Agrícola Santa Regina". En 2021 continuaron usando nombre de santo, pues la Agrícola San José S.A.C. continuó con el proceso como demandante de los comuneros.
Este presunto tráfico de tierras tiene un modus operandi definido. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, advirtió que “lo que pretenden hacer (los representantes de la Asociación San Juan Bautista) es utilizar las figuras que están en el código penal, que son delitos”. “Te hacen una denuncia y te mantienen involucrado en un proceso penal durante cinco, seis, siete, ocho años. Es un ejercicio abusivo que hacen esos empresarios, coludidos con algunos miembros de la Policía, Fiscalía, y Poder Judicial”, manifestó.
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