Diversas organizaciones internacionales condenan la pretensión del Congreso de la República (que tiene en sus filas a sancionados e investigados por diversos delitos y faltas) de avasallar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante una espuria investigación sumaria a sus miembros, que podría terminar con su destitución. Es decir, el Congreso, la institución con menor autoridad moral en el país busca someter al sistema de justicia.
Sospechosamente estas movidas se han acelerado desde que la JNJ abriera investigación contra la impresentable fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien debe responder por presuntos delitos por supuestamente haber plagiado tesis y fraguado títulos de estudios de postgrado, por haber cambiado a la fiscal proba que investigaba a la hermana juez de Benavides, acusada de liberar a peligrosos narcotraficantes, entre otros.
Como se sabe, Benavides se encuentra en una frenética lucha por sustraerse del control de la JNJ, no quiere responder ante nada por las graves acusaciones que pesan contra ella.
Organizaciones como Human Rights Watch rechazan el uso “reiterado e indebido de mecanismos jurídicos por parte del Congreso para atacar a la Junta Nacional de Justicia”, y alertan que la remoción de los integrantes de la JNJ sería “un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, al equilibrio de poderes y a la independencia judicial en el Perú”.
“Desde mayo de 2023, el Congreso viene promoviendo acusaciones constitucionales para remover e inhabilitar a todos los miembros del JNJ, lo que constituye un ataque institucional que afecta el orden democrático en los términos de la Carta Democrática Interamericana suscrita por el Perú”, dice un comunicado conjunto.
La impresentable Patricia Chirinos, acusada de asesinato, una de las promotoras
Como se recuerda, la hoy congresista Patricia Chirinos, exalcaldesa del distrito chalaco de La Perla, fue vinculada en el asesinato de Wilbur Castillo, por el hermano de éste, quien acusa a Chirinos, junto con el exgobernador del Callao Félix Moreno y el excongresista Rogelio Canches, los tres integrantes del partido Chim Pum Callao, que fue declarado organización criminal por las autoridades judiciales.
Chirinos, de Avanza País, presentó la moción 7565, que plantea la remoción de todos los integrantes de la JNJ, acusándolos de presuntas faltas, como emitir un pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.
Así como borró su antigua apariencia física con cirugías, Patricia Chirinos pretende borrar su oscuro pasado con argucias políticas y leguleyadas
Golpe parlamentario
Organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Human Rights Watch alertan que si el Congreso consigue su propósito sería “un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, al equilibrio de poderes y a la independencia judicial en el Perú”.
“Consideramos que estos hechos son de máxima gravedad, y configuran un riesgo de quiebre del orden constitucional con efectos sobre el régimen democrático. El reciente ejemplo de Guatemala ya ha mostrado los efectos nocivos de usar indebidamente mecanismos jurídicos para atacar a la justicia y desactivar órganos de control, lo que no debe repetirse”, advierten.
Aplicación de la Carta Democrática Interamericana
Instaron al Congreso a detener este “ataque institucional” a la JNJ y a respetar las garantías del debido proceso y la estabilidad reforzada de que gozan sus integrantes por su calidad de altos funcionarios del sistema de justicia.
“Solicitamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos a considerar estos hechos, así como otros recientes ataques similares al sistema de justicia electoral, como elementos para reactivar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Perú, al tratarse de acciones parlamentarias que alteran el orden constitucional que afectan gravemente el orden democrático”, demandaron.
Recuerdan que creación de la JNJ fuela respuesta institucional y democrática ante los graves escándalos de corrupción que envolvieron al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que afectaron gravemente la confianza ciudadana en la independencia del sistema de justicia en el país.
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