Frente a la crisis política y social que afronta el país, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se ha pronunciado en contra de la decisión del Congreso de la República de encargar una investigación “de carácter sumario”, en catorce días, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que eventualmente llevaría a la destitución de sus integrantes.

 

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Bajo el título «Seamos arquitectos de una democracia sólida, con paz y justicia social», la institución católica expresó su preocupación por el grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática ocasionada por el enfrentamiento entre ambos órganos constitucionales del Estado, poniendo en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido en nuestra Constitución.

En ese sentido, la Presidencia de la CEP, conformada por su Presidente, Monseñor Miguel Cabrejos (Arzobispo de Trujillo), Primer Vice Presidente, Cardenal Pedro Barreto (Arzobispo de Huancayo); Segundo Vice Presidente, Monseñro Carlos García (Obispo de Lurín), y Secretario General, R.P. Guillermo Inca, exhortó a encontrar una solución con sabiduría y rectitud, donde debe primar el interés por el Perú, el bien común de todos.

A continuación, el Mensaje de la Conferencia Episcopal Peruana:

MENSAJE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

“Seamos arquitectos de una democracia sólida, con paz y justicia social”

    1. El Perú vive una crisis que está generando mayor inestabilidad por la decisión del Congreso de encargar una investigación “de carácter sumario”, en catorce días, aludiendo “causales graves” que habrían cometido los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que eventualmente llevaría a la destitución de sus integrantes.
    2. Este enfrentamiento entre dos órganos constitucionales del Estado está generando un grave daño a la estabilidad institucional democrática poniendo en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido en nuestra Constitución.
    3. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo cuyos miembros, al amparo de nuestra Constitución gozan de la garantía del Estado para el ejercicio de sus funciones en independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función.
    4. Todos debemos respetar el artículo 97.o de nuestra Constitución que establece que cuando hay un asunto de interés público, el proceso de investigación que determine el Congreso debe garantizar el derecho a comparecer “bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”.
    5. Estos conflictos se deben afrontar en base al respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa. Sin la aplicación de estos principios no se puede llegar a la objetividad de los hechos, la debida calificación y valoración de los mismos y menos a la verdad y la justicia.
    6. El Perú con urgencia necesita que sus autoridades superen los frecuentes enfrentamientos, porque estos nos llevan a la división, al caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad, agudizando los conflictos y llevando los problemas al abuso del Derecho y a la irrazonabilidad en el ejercicio del poder, situaciones que en otras ocasiones han hecho mucho daño al país.
    7. Recordemos que el instrumento de la Justicia es el derecho, y la ley es el instrumento del derecho; en ese orden gradual y secuencial, la ley no es sustituto del derecho, ni el derecho sustituye a la Justicia.
    8. Este conflicto debe solucionarse actuando con sabiduría y rectitud, desprendidos de apetitos personales y grupales, donde debe primar el interés por el Perú, el bien común de todos, como muy bien lo ha expresado el Papa.

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