Por Rocío Ferrel
Mientras diversos colectivos ciudadanos organizaban una marcha contra la telebasura, el presidente Ollanta Humala fue abordado esta semana por la prensa en torno a este fenómeno, pero más que pronunciarse contra estos contenidos venenosos contra la niñez, se burló de la ciudadanía.
"Yo quisiera ir, yo quisiera marchar. Ojala tuviera tiempo. Yo tengo hijos y a mí me preocupa”, señaló en Pisco.
Con lo cual demuestra una vez más que está muy lejos de comportarse como un estadista. A él los ciudadanos le han encargado gobernar, es el empleado de todos los peruanos y así se niega a ejercer sus facultades en favor de la niñez y se coloca ladinamente a nivel de un simple ciudadano.
Su actitud también deja ver que en el fondo le conviene que estos contenidos tóxicos sigan agrediendo a los menores y privando de una televisión con valores a los peruanos, así la gente se distrae en escándalo y mugre mental, lo cual le sirve de cortina de humo para tapar los escándalos de corrupción e incapacidad de su partido y su entorno, a la vez que se evita más enemistad con los medios televisivos que pueda perjudicar sus ambiciones políticas.
Sí podría hacer mucho
La Constitución señala que los medios de comunicación deben contribuir con el Estado en la educación. Lejos de ello, la televisión destruye la inversión en educación que realizan el Estado y las familias, siendo los niños pobres los más vulnerables, pues por lo general, debido a las exigencias de trabajo de sus padres, ven televisión sin control.
El Estado podría, por ejemplo, retirar sus avisos de los canales y grupos de medios que continúan atacando a los niños con contenidos basura. En lugar de eso, el gobierno humalista engorda con millonarios fondos en propaganda a estos medios, pese a que se victimiza hablando de la concentración de medios.
El Presidente también podría promover una norma que grave con impuestos onerosos a las televisoras que no cumplan con transmitir contenidos educativos y que difundan basura y hasta debería preverse la cancelación de las licencias por rebeldía, pues la televisión merece especial control, porque ocupa las pocas frecuencias disponibles que son propiedad de todos los peruanos.
Además, el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos de control que protejan a los menores en los horarios pertinentes y, como sucede en otros países, debería promover la formación de un consejo de vigilancia donde participen el Estado, padres de familia y colegios profesionales, para multar a los medios que continúen propalando esos contenidos y hasta para retirar la licencia a estas empresas.
Hasta ahora se deja que estos destructores de la niñez hagan lo que quieran y que exista una supuesta autoregulación de estos execrables empresarios. A lo sumo hay débiles acciones de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión o el ANDA (anunciantes organizados que se han convertido más bien en una herramienta de presión política contra programas independientes). De esta forma estos canales están felices con la inacción del gobierno y continúan desparramando sus cloacales contenidos en los cerebros infantiles.
El mandatario tiene niños, pero no le interesa que otros niños se envenenen con la televisión porque él cuenta con personal doméstico que acompaña a sus hijos todo el día, servicio del cual carecen las familias pobres y sus declaraciones no son más que un burdo escape a la obligación que tiene para con la ciudadanía. Con su actitud lo único que hace es proteger a la telebasura.
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