Punto de Vista

Por Carlos Javier León Ugarte*

El pedido de reforma política para adelantar las elecciones al 2020 propuesto por el presidente Vizcarra en su Mensaje a la Nación dejó sin reacción a la casta política agobiante que reside en el Congreso de la República en estos últimos años. Reacción que luego, fue dispersada sin estrategia por diversos congresistas aduciendo de manera irresponsable, que dicha propuesta presidencial fue dada porque el “candidato favorito” de Vizcarra, no había ganado la mesa directiva.

Por Freddy Salazar*

Ocurrió otra vez, como en el año nuevo. Mientras nos aprestábamos a celebrar las fiestas patrias --si celebrar puede llamarse juntarse y compartir algo modesto con nuestras familias--, Vizcarra nos infligió un nuevo golpe: el DS 237. Este decreto, llamado Plan Nacional de Competitividad y Productividad, fija las metas y plazos para la implementación de las políticas aprobados en el DS 345. El DS 237 es un plan concreto con fechas y metas para implementar toda la reforma laboral que busca la CONFIEP; en este decreto, además, se fija el mes de octubre (de aquí a dos meses) para la reforma del DL 278, esto es para flexibilizar los ceses colectivos.

En un contexto donde el bajo crecimiento amenaza al desarrollo económico del país,  principalmente por el bajo nivel de inversiones, tanto públicas como privadas, y cuando se esperaba anuncios de cambios y medidas para asegurar un crecimiento sostenido, a pesar de los conflictos sociales en la macro región sur, el mensaje presidencial por Fiestas Patrias llevó al clímax la confrontación política, con la propuesta del presidente Martín Vizcarra de una reforma constitucional para adelantar las elecciones congresales y recortar el mandato presidencial al 28 de julio del 2020.

Por Alfredo Palacios Dongo

Hace 9 años al promulgarse la ley 29565 de creación del Ministerio de Cultura fueron adscritas todas las entidades estatales culturales, entre ellas, el Archivo General de Nación (AGN) que pertenecía al Ministerio de Justicia, teniendo la responsabilidad de conservar y organizar nuestro histórico patrimonio documental que constituye la memoria de la nación, sin embargo esta entidad presenta serios problemas en su labor archivística, control documentario y conservación, habiéndose agravado la desatención de repositorios y pérdida documental. Según el ex director general de industrias culturales y artes, Santiago Alfaro “existen proyectos y servicios que no han logrado despegar en estos años, entre ellos, el AGN (cercado por mafias)”.

Nuestro histórico patrimonio documental debe protegerse

Por Fredy Salazar*

Dura pero ejemplar lucha

Dos meses cumplieron en la calle los obreros de Hialpesa luego que su patrón, Jaime Abusada Salah, decidiera despedirlos de forma imprevista y prepotente, el pasado 16 de junio. Ese día, a 190 obreros se les impidió el ingreso a la fábrica: a través de una hoja pegada en la puerta de ingreso se enteraron que habían sido declarados en “cese colectivo”. Desde entonces, los “cesados” viven un drama terrible: formalmente no están despedidos y por tanto no pueden buscarse otro trabajo ni iniciar un reclamo de reposición, ni tampoco son trabajadores porque no perciben salario. Se encuentran –dice la norma—“con vínculo laboral suspendido”.

Por Herbert Mujica Rojas

Puede que no sea para un país muy agradable asimilar que sus ex presidentes hayan incurrido en latrocinios de diverso calibre. Y mucho peor que la justicia internacional les eche el guante, los detenga y encarcele. No obstante lo indecoroso que significa que un ex primer funcionario sea sospechoso de raterías, sí es interesante —y vital— el suceso que demuestra que ya no hay chance de actuar con la más descarada impunidad.

Por Milcíades Ruiz

Saber gobernar es una cualidad fundamental para quienes tienen a su cargo la administración del Estado. La torpeza es propia de la mediocridad, y la ineptitud suele ocasionar daños sociales masivos por desaciertos en la gestión gubernamental. Designar un gabinete chabacano tiene sus consecuencias como las estamos viendo con los sucesos en torno al proyecto “Tía María”. Cambiar el gabinete por uno de mayor eficiencia es una necesidad perentoria.

Al manejo declinante del sector economía se suman las MINERIA_1ineptitudes de manejo en otros sectores que se reflejan en el PBI, empleo, delincuencia y otros males que la población paga por culpas ajenas. El Premier en vez de cumplir con sus labores ejecutivas está más ocupado en otros asuntos, desatendiendo el urgente tapado de huecos que hacen agua por todos lados en nuestra embarcación. Con este gabinete tenemos conflictos sociales en agricultura, pesca, salud, educación y, por si fuera poco, ahora tenemos los de minería.

Por Mg CPCC Luis Alberto Latínez Carpio*

De acuerdo a la sentencia de la Juez, María de los Ángeles Álvarez Camacho,  que corroboró el Acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht no procedería la devolución de los 524 millones de soles que viene exigiendo la corrupta empresa Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, bajo amenaza de desconocer el Acuerdo.

Durante varios meses el gobierno de Martín Vizcarra le puso paños fríos al desarrollo del proyecto Tía María. En junio del año pasado precisó que esperaría la elección de las nuevas autoridades locales y regionales para analizar la ejecución del proyecto. Pero el tiempo se acabó. Presionado por diversas fuerzas fácticas, el empresariado peruano, y dado que está por vencer la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha visto orillado a otorgar la licencia de construcción a la empresa, la misma que daría el pistolazo inicial para el desarrollo del proyecto.

Por Pedro Flecha 

El valle, económicamente, ahora, vale poco.