Punto de Vista

Por Alfredo Palacios Dongo

Tras 52 años de guerra que dejaron en Colombia 8 millones de víctimas, entre muertos (220,000), desplazados y desaparecidos, el 24 de noviembre 2016, el gobierno y las FARC suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, unos 8,000 integrantes iniciarían su traslado a las zonas de concentración y entregarían sus armas, sin embargo, muchos de ellos no han desistido de la lucha armada ni estregaron las armas, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), junto con milicias y facciones vinculadas agruparían entre 1,200 y 1,400 integrantes.

Los disidentes de las FARC llegarían a 1,400 según la FIP

Por Wilfredo Pérez Ruiz (*)

La “empatía” es la extraordinaria capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas; es decir, de ponerse en el lugar de las demás y compartir sus sentimientos. No es necesario pasar por iguales vivencias para interpretar a quienes nos rodean. Es una herramienta orientada a intuir la innumerable y compleja diversidad humana.

Nuestra diversidad cultural constituye una de las principales riquezas de nuestra nación, ésta se manifiesta en nuestras danzas, música, gastronomía y otras expresiones. Pero para salvaguardar esta riqueza, es necesario que el Estado peruano –en cumplimiento de sus compromisos– aplique políticas públicas de respeto y preservación de las mismas, las cuales pasan principalmente por una política educativa intercultural competitiva e inclusiva. Sin embargo, en el seguimiento efectuado a estos compromisos se levanta una voz de alerta, la Defensoría del Pueblo –en una nota de prensa– recomienda al Ministerio de Educación tomar medidas correctivas por la drástica reducción de presupuesto que ha sufrido la política educativa para los pueblos indígenas, derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT. La nota señala que esta reducción “pasó de S/ 73 272 638 millones de soles asignados el 2017 para el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas, a S/ 12 573 762 millones de soles el 2018 y para la formación de docentes en educación inicial de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se redujo de S/ 4 507 978 a S/ 2 123 765”.

Por Guillermo Olivera Díaz* 

Se defienden derechos fundamentales, dentro de un proceso constitucional, tal como lo señalan o establecen, expresa e indubitablemente, la Constitución Política y las leyes procesales que la desarrollan con asidero constitucional, y no como  lo desea el magín antojadizo de los jueces, que esconden parcialidad por compadrazgos políticos o de otro tipo nefando, en detrimento de la ética y moral públicas que siempre lesiona la corrupción. Cualquier proceso se materializa con reglas preestablecidas en las leyes. Los jueces no pueden crear ninguna norma de procedimiento para resolver los casos.

Recientemente, la expresidenta del Consejo de Ministros pidió que su sucesor César Villanueva, respete el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio y continúe el trabajo que ella dirigió. En términos parecidos se expresó el congresista Sheput, señalando que el gobierno del Presidente Vizcarra es la segunda etapa del anterior. Sin duda, la ruta que el nuevo gobierno ha de seguir es un tema que preocupa a todos los principales actores políticos del país, considerando la necesidad de que tenga un rumbo claramente definido, que además debe diferenciarlo de la gestión anterior, que renunció para no ser vacada.

La difícil situación económica venezolana hunde cada vez más en la miseria a millones de ciudadanos, mal alimentados debido al altísimo costo de buena parte de los alimentos, en especial de los que aportan gran cantidad de proteínas y carbohidratos. El hambre aprieta duramente el estómago y desalienta día a día, y debido a esto se han visto multiplicados los robos de alimentos de todo tipo en Venezuela, incluidos los de animales vivos como reses, puercos, caballos, gallinas, pollos y otros. La crisis incluso ha impulsado a personas anteriormente honradas a saquear y robar para poder medio sustentar a sus hijos pequeños, familiares discapacitados y ancianos ya desnutridos o cercanos a esa condición.

Por Guillermo Olivera Díaz* 

Extraño, quizá extrañísimo, que el TC exija que el estándar probatorio que se deba analizar al dictar prisión preventiva sea el mismo que para acusar, sentenciar y condenar.

Por Herberth Cuba

Se consolida la concentración y el monopolio del mercado de medicamentos

El Estado es propietario y regente de más de 8,000 establecimientos farmacéuticos a nivel nacional. El adecuado suministro de medicamentos en cada uno de estos establecimientos representa un mecanismo de regulación de precios del mercado de medicamentos.

Por Mg CPCC Luis Alberto Latìnez Carpio*

La corrupción sigue imponiéndose en nuestro país, porque dos (2) corruptos serán liberados el jueves 26-04-18.

Hacia mediados del año pasado un informe de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, catalogaba a Lima como la sexta mejor ciudad para vivir dentro de Latinoamérica. Igualmente, otra publicación especializada aparecida a inicios del 2017 ubicaba a nuestra ciudad capital ocupando el puesto 11 de 24 ciudades latinoamericanas.