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La fiscal de la Nación, Patricia Benavides dispuso diligencias preliminares contra la presidente Dina Boluarte, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola (durante su gestión en el cargo de ministro de Defensa), el exministro del Interior César Cervantes y otros, para determinar su responsabilidad en las muertes de 28 civiles, fallecidos por disparos de armas de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, durante las marchas de diciembre de 2022.

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) presentó una denuncia constitucional contra la presidente Dina Boluarte por 22 muertes en manos de la represión militar y policial contra manifestantes y vándalos en diciembre de 2022.

Se reanudaron las protestas contra la presidente Dina Boluarte y en demanda del cierre del Congreso de la República y adelanto de elecciones para 2023. Miles marcharon en Lima y provincias. en unas 17 regiones.

La presidente de la República, Dina Boluarte, reiteró que el único camino para poner fin a las protestas en el país es el diálogo, para impulsar decididamente el verdadero desarrollo y beneficiar directamente a la población.

Durante una conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, tras la sesión del Consejo de Ministros, subrayó en la necesidad de trabajar en conjunto con las nuevas autoridades para ejecutar el presupuesto necesario y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Auditores de Contraloría detectaron 226 certificados irregulares entre enero 2021 y junio 2022. Contraloría alertó que OSCE otorgó certificados irregulares para acceder a información confidencial sobre contrataciones públicas. Se identificó presunta responsabilidad administrativa en cuatro funcionarios y exfuncionarios del OSCE

La Contraloría General de la República alertó que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió, de forma irregular, 226 certificados del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), lo que permitió que personas no autorizadas accedan a información de las contrataciones públicas, en perjuicio de la confidencialidad y reserva de los registros realizados en dicho sistema y afectando la legalidad del proceso.

En campaña electoral Rafael López Aliaga prometió anular los peajes que llamó “de la corrupción”, pero ahora una vez instalado en su cargo de alcalde de Lima incumple su promesa y ya no anulará los peajes, sino que anunció su renegociación con Rutas de Lima y Lima Expresa (antes Línea Amarilla).

Tras sus destempladas declaraciones sobre las protestas realizadas en diciembre de 2022, calificándolas de “insurgencia terrorista”, finalmente el jefe de la DINI Juan Carlos Liendo ya no ocupa más ese cargo.

Denuncia muy  grave. El gobierno intentó una vez más el uso político del personal policial para lanzarlo a una nueva a “Marcha por la paz” (ya se vio otra días atrás con participación de policías en retiro y sus familias) en respaldo de Dina Boluarte y para insultar al gobierno saliente, a sus seguidores y a los manifestantes contra el Congreso y el Ejecutivo, pues se vio carteles mandados a imprimir que los tildaban de terroristas y comunistas señalando “terrorismo nunca más”, entre otros, al más puro estilo de la corrupta y criminal dictadura fujimorista.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Carolina Trivelli Avila, chilena por elección, quien recién adoptó la nacionalidad peruana para ser ministra del gobierno de Ollanta Humala.

Rafael López Aliaga juró en el cargo de alcalde de Lima Metropolitana para el periodo 2023-2026 en ceremonia realizada en el Gran Teatro Municipal.

Rafael López Aliaga asió el bastón de mando, al revés..., hasta que se dio cuenta y corrigió su posición.