Entidad estatal no supervisó que 7 empresas de seguridad con permisos de funcionamiento canceladas en 2021 y 2022 cumplieran con el internamiento de sus armas

En el marco del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, la Contraloría General informó que se desconoce la ubicación de 70 armas de fuego de uso civil debido a que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC) no realizó la debida supervisión y control a siete empresas de seguridad privada, cuyas autorizaciones de funcionamiento fueron canceladas en 2021 y 2022. Dicha situación pone en peligro el orden interno y la seguridad ciudadana en el país.

 

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) movió una pieza importante en su juego de ajedrez contra el consorcio Rutas de Lima al solicitar a la Fiscalía investigar a la empresa Brookfield, accionista principal de dicho consorcio que administra los peajes de Lima, por presuntamente estar perpetrando el delito de lavado de activos.

 

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Como ya habíamos señalado en mayo, la promulgación de la ley 31751, elaborada por el Congreso y con el espaldarazo de Dina Boluarte, favorecería a la delincuencia al acortar el plazo de la suspensión de la prescripción de delitos a un año, pues con el pretexto de acelerar los procesos, la realidad era para favorecer a delincuentes como César Hinostroza y los Cuellos Blancos, porque por más que se proclame la aceleración de procesos, la sobrecarga de expedientes en muchos casos no lo permite.

 

Alejandro Soto

Procuraduría Pública del sector destacó estrategias para defender intereses del Estado

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Procuraduría Pública, logró seis laudos favorables ante tribunales arbitrales que impidieron el pago con recursos públicos del Estado de más de S/ 70.5 millones a empresas investigadas en el Ministerio Público por el caso denominado Club de la Construcción.

 

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