Con el pretexto de que los compradores entregarán una cárcel nueva, se cocina un faenón para entregar a la voracidad chilena el centro penitenciario San Jorge o Castro Castro, del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, marginando a comerciantes peruanos interesados en su adquisición.
La denuncia fue realizada por la congresista nacionalista Claudia Coari, quien explicó que el predio está valorizado en unos US$37 millones y que el lobby detrás de la operación responde al grupo Consorcio Promotor San Jorge, conformado por la chilena Obrainsa y otras empresas, que intentan construir un centro comercial.
Precisó la Agencia de Promoción Privada (Proinversión) están poniendo trabas a los comerciantes peruanos interesados en esta compra.
“Los comerciantes han pedido una audiencia y no se la han concedido. Por eso, al informar de esto ninguna autoridad podrá decir que no sabía de la problemática”, comentó Coari, informa La Razón y cuestionó la llamada “inclusión” porque da potestad a “las empresas transnacionales” para que inviertan en el país cuando la “asociación de comerciantes también tiene capacidad económica”.
Proinversión obliga a que los terceros interesados en la licitación presenten una carta de expresión con los motivos y una garantía (Carta Fianza) por US$850 mil y los requisitos de precalificación financieros y técnicos.
Finalmente, Coari instó a dar oportunidad a la gente que quiere invertir.
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