Punto de Vista

 

Fuera de los ámbitos de la salud (por razones evidentes) y el ámbito de la economía, por el confinamiento casi universal de por lo menos dos o tres meses que ha sido, total en algunos países y parcial en otros, las consecuencias del COVID- 19, a nivel universal ha tenido un impacto en un sector importantísimo, vital para nuestro país, como lo es el de la educación escolar. Hoy día incluso en los Estados Unidos hay una lucha frontal entre la intransigencia del presidente Trump para que abra los colegios de primaria y secundaria y la resistencia de los gobernadores de muchos estados para no querer abrirlos por el momento, por la peligrosa y casi incontrolable persistencia y crecimiento de contagios en dicho país. Daría la impresión que los temerosos gobernadores se oponen a que se ejerza la libertad de dar el total derecho a la educación que tienen los niños y adolescentes, pero lo que es evidente, es el miserable interés político que hay detrás de esto por parte del presidente Trump. El que los colegios abran y se reanuden las clases por insistencia del mismo, daría en apariencia la impresión que ya todo volvió a la normalidad, cuando es evidente que el derecho a preservar la salud es más importante en estos momentos que cualquier educación.

El 23 de abril (día 39 del estado de emergencia), el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció la asignación del Bono Familiar Universal. Este bono estuvo bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el ámbito rural, y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el ámbito urbano. De acuerdo con el portal oficial bonouniversalfamiliar.pe, el bono está definido como un subsidio monetario por un monto de S/ 760, entregado por única vez como medida de protección económica a los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19. Estos hogares, estarían conformados por familias en situación de pobreza y pobreza extrema y, además, hogares cuyo jefe o jefa está en el grupo de trabajadores independientes e informales.

 

Hay un conjunto de ciudadanos que aspira a conducir al país y las vertientes son varias desde el Ejecutivo, el Congreso, la burocracia, alcaldías, gobiernos regionales, etc. La ambición es legítima bajo la premisa que existe qué aportar, decir y decidir en torno a los destinos socio-económicos-políticos del pueblo peruano. Imposible, hasta aquí, no estar de acuerdo.

 

¿Qué conserva un conservador en el Perú? se preguntaba años atrás Andrés Townsend Ezcurra y agregaba a modo de respuesta: “¿la situación actual de atraso, pobreza, subdesarrollo?”.

Terminó la cuarentena y el aislamiento social rígido dictado por el gobierno para enfrentar el Covid-19. La segunda mitad del 2020 será fundamentalmente de incertidumbre y expectativa; la primera alrededor del futuro del país y el final de la pandemia; la segunda sobre la reducción local del virus y la anunciada reactivación económica, que debieran llevarnos a lo que se ha dado en llamar una nueva normalidad.

 

Nuestro sistema penitenciario se encuentra en estado de emergencia hace más de 3 años (desde enero 2017) “por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura” pero la situación empeora, actualmente existen 68 cárceles a nivel nacional con capacidad para 40,000 internos pero albergan 97,000 (sobrepoblación de 143%), adicionalmente el COVID-19 las están convirtiendo en focos mortales (al 16 de junio habían 221 presos muertos por el virus) y varios motines durante esta pandemia. De los 95,000 internos 45,600 (48%) están sin sentencia, de los cuales, según expertos, se tendrían que liberar entre 15,000 y 20,000 para que las cárceles sean manejables, en este contexto el gobierno ha anunciado 12,250 excarcelaciones. 

 

 

Implementación de grilletes: pésimamente gestionados