El viaje a Andorra de los fiscales asignados al caso Lavajato, probablemente será decisivo para acumular evidencias sobre la participación de funcionarios del segundo gobierno aprista y del mismísimo Alan García. Si a esto le sumamos el convenio para facilitar información que debería acordarse en algún momento con Odebrecht —que, según el fiscal Rafael Vela, debió firmarse entre el 14 y 18 de enero— tendríamos un escenario muy interesante, por intenso, en la denominada lucha contra la corrupción, el centro de gravedad de la política peruana durante el último año.

Por Raúl Allain (*)

En muchos sentidos el Perú es un contrasentido. En los últimos años los analistas internacionales acuñaron el epíteto de “milagro peruano” para referirse al crecimiento económico sostenido del país y su liderazgo en Latinoamérica.

Por David Auris Villegas* 

Estando próximo a “celebrar” el Día Mundial del Agua, reflexionamos que irónicamente las personas acaudalas hacen derroche del agua y pagan menos que los pobres por su consumo en países subdesarrollados como el nuestro, donde aún no se ha logrado compartir los beneficios de poseer agua, generando en el 2015, una alerta del Foro Económico Mundial.

El 2019 empezó con la misma intensidad con la que concluyó el año anterior. La torpe decisión de retirar a los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato, le costó finalmente el cargo al exfiscal Pedro Chávarry. Seguramente entusiasmado por las curiosas declaraciones del presidente Vizcarra tomando distancia de la negociación con Odebrecht, acicateado por Alan García, al que se le viene la noche en el caso de marras, no calculó la reacción de la calle, que el propio 31 de diciembre, inició su movilización. El mandatario —en ese momento en Brasil para la juramentación de Bolsonaro — evidenció su olfato y volvió rápidamente al país para encabezar las presiones al hoy extitular del Ministerio Público y presentar apuradamente una propuesta de reforma de dicha institución, que tenía poca reflexión y algunos problemas de constitucionalidad.

Por Alfredo Palacios Dongo

El pasado 14 de diciembre fue aprobada la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (DS-013-2018-MINEDU) buscando garantizar un servicio educativo a los estudiantes rurales que les permita desarrollar sus competencias, sin embargo, esta política no nace como una iniciativa del Gobierno ni del Ministerio de Educación (Minedu), sino por una sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente-00853-2015-PA/TC-14 marzo 2017) que ordena al Minedu el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que al año 2021 pueda asegurar disponibilidad y accesibilidad a la educación en el ámbito rural.

Mejorar la educación rural debe ser el principal desafío

Por David Auris Villegas* 

A pesar de una batería de leyes cada vez más enérgicas en nuestro país, seis mujeres fueron liquidadas por las manos del hombre, cinco de ellas por “sus parejas” en los últimos 13 días del año y, según estudios, solamente el 27% de maltratos físicos son denunciados, amén de los maltratos sicológicos, probablemente a causa del síndrome de Estocolmo, temor o dependencia crónica hacia sus verdugos.

Por Herbert Mujica Rojas

Hay hechos concretos que requieren de la administración de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a cargo de su Gerente General, Roxana del Aguila, esclarecimiento perentorio. ¿Para qué se adquieren terrenos con precio elevado y, en el caso del Ovalo Gutiérrez, por qué se paga alquiler cuando ese local fue convenio con la Municipalidad de Miraflores?