La decisión uruguaya de negar el asilo al expresidente Alan García Pérez (AGP) ha sido vista como un fracaso de su apuesta por evadir la justicia recurriendo a amigos extranjeros que supuestamente le iban a dar la mano, pero es también un hito en la política peruana y ha sido recibida positivamente por la mayoría de la opinión pública, que lo considera como uno de los políticos más corruptos, desprestigiado, pero con capacidad para evadir o bloquear investigaciones judiciales en su contra.

Por Alfredo Palacios Dongo

El pasado 29 de noviembre, mediante un comunicado y conferencia de prensa, Luisa María Vetter, jefa institucional del Archivo General de la Nación AGN– (adscrito al Ministerio de Cultura) informó la desaparición en el Archivo Colonial (Sede Ex Correo cerca al Palacio de Gobierno) de un histórico e invalorable manuscrito del Libertador José de San Martín de fecha 13 octubre 1821 concediendo libertad a la esclava Juana Mazo por haber apoyado en el Hospital del Ejército a soldados peruanos que combatieron por la independencia. Este documento (que en el mercado negro puede cotizarse en cifras millonarias) estaba en el repositorio como folio 556 del protocolo del escribano Gaspar Salas, y al ser requerido para un reportaje “Sucedió en el Perú”, advirtieron que había sido arrancado.

Por Raúl Allain (*)

¿Cuánto puede aportar el periodismo de investigación al fortalecimiento de la democracia en el Perú? ¿En qué medida cierta prensa solamente está difundiendo “escándalos”? ¿Por qué algunos periodistas se dedican a ser eco de una agenda política caracterizada por el ataque personal y no por los proyectos trascendentales para el país?

Por Jans Cavero*

La denuncia del chuponeo en contra del investigado Alan García, cuya denegatoria de asilo por el gobierno de Uruguay tiene amplio respaldo social y político, supone dos escenarios posibles: O se trata de una imputación real que desnudaría la irresponsabilidad del Ministerio del Interior; o, se trata de una maniobra aprista, orquestada para continuar victimizándose de persecución política, en lugar de someterse al Poder Judicial como cualquier procesado por corrupción.

Mientras los medios y la opinión nacional se encuentran concentrados en juicios y destapes de corrupción, el problema cafetalero en la selva central continúa sin solución definitiva. Así, las últimas movilizaciones de los productores de la región han puesto sobre el tapete algo más que el problema del crédito agrario, eje de los reclamos a raíz de la plaga de roya amarilla que llevaron a la crisis del sector cafetalero hace cinco años: la venta y el abandono de los predios agrícolas, la fragmentación familiar por la migración en busca de empleo, y una reconversión productiva de resultados inciertos hacia el kión, el maíz, la yuca y los cítricos, sobre los cuales hay poco conocimiento técnico, pero una alta dependencia de los acopiadores.

Por Alfredo Palacios Dongo

El tema de la corrupción es un fenómeno antiguo muy conocido por todos los peruanos porque se ha desbordado como una verdadera pandemia e incrustado en la mayoría de instituciones, sus efectos son demoledores, no solo arrebata dinero de los recursos públicos (según Transparencia Internacional se pierden anualmente S/ 12,600 millones por corrupción) sino que su misma existencia socaba la estructura social y ética de nuestra sociedad, crea desconfianza, incentiva conductas abusivas y rompe el principio de legalidad. A raíz del caso Lava Jato la corrupción en nuestro país llegó a su máxima expresión cuando se confirmó que Odebrecht pagó sobornos por US$ 29 millones para ganar licitaciones involucrando a personajes que mostraron su verdadera miseria moral, entre ellos, ex presidentes, políticos, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, funcionarios públicos, empresarios y profesionales.