Humberto Campodónico
Si bien hay elementos de fondo que indican de manera documentada y solvente que los problemas de la llamada “informalidad” tienen su raíz en la escasa base productiva y no en los llamados “sobrecostos laborales”, es también importante conocer la base estadística de los planteamientos que sustentan la Ley 30288, Ley Pulpín.
Al analizar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO 2013) que publica el INEI (1), nos encontramos con el hecho siguiente: la mayor tasa de informalidad en el empleo de los jóvenes está en aquellos que están trabajando en las MYPES, o sea en las empresas que tienen de 2 a 10 trabajadores. Por tanto, la nueva ley debería ir dirigida a ellos.
Pero no es eso lo que sucede pues, en los hechos —y más allá de las supuestas buenas intenciones de Produce y al MEF—, lo que hace la ley es beneficiar más a las grandes empresas, aquellas que tienen 100 o más trabajadores. Veamos.
En el Perú los jóvenes de 18 a 24 años que son asalariados, públicos o privados, llegaron en el 2013 a 1.4 millones de personas. Si excluimos a aquellos que no están afiliados a alguna AFP o a la ONP (ergo, no tienen contrato formal), la cifra se reduce a 908,000 jóvenes. Estos son los que debieran beneficiarse de la Ley Pulpín.
De estos 908,000 jóvenes, hay 616,000 sin contrato y que están trabajando en las empresas de 2 a 10 trabajadores (las MYPES), o sea el 68% del total. ¿ A ellos les llega la Ley Pulpín? No. Ellos se rigen por la Ley de la Microempresa, que solo considera un 7% de “costos adicionales” al salario.
Como se sabe, la Ley Pulpín considera “sobrecostos” del 13.9%, ya que se eliminan las gratificaciones, la CTS y 15 días de vacaciones. Lo que esto quiere decir es que a la MYPE no le conviene la “Ley Pulpín” porque con el régimen MYPE paga mucho menos.
Sigamos. En las empresas de 11 a 100 trabajadores, la ENAHO nos dice que hay 204,000 jóvenes, el 22.5% del total de los que no tienen contrato. Y en las empresas de 100 a más trabajadores, suman 88,000 jóvenes los jóvenes que no tienen contrato, el 9.7% del total.
En estos dos casos, la Ley Pulpín sí es más atractiva para el empleador. Pero vamos por partes. En el caso de las empresas de 11 a 100 trabajadores rige otra ley, llamada la Ley de la Pequeña Empresa y aquí los derechos de los trabajadores (no hay que llamarlos “sobrecostos”), equivalen al 27% del salario, más o menos el doble de la Ley Pulpín (13.9%).
Para las empresas de 100 a más trabajadores, lo que rige es el Régimen General y aquí los derechos equivalen al 53% del salario. Aquí sí existe una ganancia grande del empresario, pues dejaría de pagar cerca del 40% (53-13.9).
No solo eso: las empresas de 100 y más trabajadores emplean un total de 304,000 jóvenes, de los cuales 216,000 tienen contrato (y tienen todos sus derechos) y, como ya vimos, 88,000 jóvenes no tienen contrato y son informales.
En este caso, la informalidad debería tender a cero, si es que hubiera una efectiva fiscalización laboral, lo que le corresponde a la Sunafil. Pero es aquí donde hay problemas y se sabe que sus inspectores se van a la huelga por incumplimiento del convenio colectivo de las autoridades de trabajo. Así estamos.
Agreguemos que las empresas de 100 y más trabajadores, de un lado, son las que más se han beneficiado de esta década de crecimiento y, de otro, las que ahora se van a beneficiar de la reducción del 30 a 28% de la tasa del impuesto a la renta.
Otrosí: si bien se habla mucho de los “sobrecostos”, lo que no se menciona es que el salario mínimo en el Perú es de US$ 252 mensuales, uno de los más bajos de América Latina. En Colombia, Brasil, Chile y Ecuador es de US$ 271, 301, 371 y 354, respectivamente (datos de los Ministerios de Trabajo de esos países).
Lo que todo esto quiere decir es que en el Perú la legislación laboral está retaceada a gusto del empleador. A todas las diferentes leyes que hemos mencionado, falta la de los trabajadores del campo, que también retacea sus derechos.
La conclusión simple de estos datos es que el 68% de los jóvenes sin contrato que están en las MYPES, nada tienen que ver con la Ley Pulpín, pues la legislación de las MYPE es más beneficiosa para los empleadores. Y, también, que la Ley MYPE, que ya tiene varios años de vigencia, no ha logrado su objetivo “formalizador”, pues el 68% de los jóvenes que allí se emplea sigue sin contrato.
Por tanto, la salida de la informalidad no puede venir por los recortes de los derechos sino por el impulso a la mejora de la productividad (pero no la mejora espuria de reducción de ingresos) sino de nuevas oportunidades de inversión y de empleos, lo que implica abrirse a nuevos sectores productivos. Es lo que se llama diversificación. Pero no se oye, padre, porque estamos ante otra de las grietas del modelo: no produce trabajo digno.
(1) La encuesta llega a 31,190 viviendas y es la base estadística más confiable y técnicamente solvente. Verla en http://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
La República, 05.01.2015
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