La Defensoría del Pueblo (DP) solicitó formalmente al fiscal superior Frank Almanza la necesidad de revocar la decisión de archivar la investigación penal seguida contra miembros de la organización religiosa “Sodalicio de Vida Cristiana” denunciados, entre otros, por los delitos de violación sexual de menores, lesiones graves, secuestro, etc.
A través del oficio N.° 60-2017-DP/PAD, la DP señala que la decisión de archivar la investigación constituye una grave vulneración al derecho a la verdad, en la medida que se priva a las víctimas, y a la sociedad en su conjunto, de conocer las reales dimensiones de los sucesos ocurridos en la citada organización religiosa.
Las denuncias efectuadas por exintegrantes, así como el reconocimiento público de la propia institución, dan cuenta de la comisión de graves y repetidos abusos sexuales, así como atentados contra la integridad personal, cuyas víctimas fueron, principalmente, menores de edad y adultos jóvenes.
Como se sabe las violaciones perpetradas tuvieron carácter homosexual, pues en su gran mayoría las víctimas fueron menores varones y los agresores son del mismo sexo. Este año, algunos dirigentes de la secta reconocieron a algunos de estos delitos, buscando limpiar su imagen, pues lo que buscan es que no se disuelva su organización delictiva y continuar parasitando los ingresos de las familias de clase alta y media alta que captan.
En el oficio, la DP explica además que el archivamiento de la denuncia conlleva una clara vulneración al deber estatal de impedir la impunidad, en la medida que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos, más aún cuando el propio Sodalicio ha reconocido que algunas de las agresiones sexuales se cometieron contra menores de edad. El Estado tiene un rol garante sobre los derechos de los niños y niñas.
Si el Estado no realiza el máximo esfuerzo por investigar y castigar a los actores de los execrables actos denunciados, se propiciaría, lamentablemente, su probable repetición y se desincentivaría a otras víctimas a denunciar sucesos similares.
Sucesos como los ocurridos en el interior del Sodalicio ameritan el replanteamiento de la forma en que como sociedad y Estado protegemos a nuestros niños y jóvenes. Dada la necesidad de emprender acciones en esta materia, la Defensoría del Pueblo anunciará próximamente un conjunto recomendaciones destinadas para tal fin.
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