Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación. En la práctica, los parlamentarios estarían violando la libertad de asociación de las ONG, prohibiéndoles, además, la contratación con el Estado, recortándoles espacios de acción y otros derechos, aun cuando muchas de las propuestas planteadas por estas instituciones se hayan convertido en políticas públicas. Todo ello, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector del sector y que, dicho sea de paso, no esconde su entusiasmo por las propuestas.
