Por Rocío Ferrel
1) A partir del escándalo de los ladrones Odebrecht, se pudo probar algo que ya se sabía: cómo ingresa el dinero de empresas corruptoras a los partidos políticos en forma de precoima para, tras un posible triunfo electoral, obtener privilegios y ganancias de saqueo y sólo perjuicio para el Perú y los peruanos en licitaciones millonarias, pisoteando además a otros empresarios honestos que buscan trabajar correctamente.
2) Probado también está el fraccionamiento de las grandes precoimas en los llamados “pitufeos”, donde se conseguían nombres de muchas personas, con o sin su consentimiento, para persentarlos acomo “aportantes” de ese dinero ilícito.
3) Sabido es por todos los políticos que los grandes empresarios corruptores no se comportan como Papá Noel para echar su dinero a diestra y siniestra a cualquiera, y menos a un seguidor político de último nivel, sino que buscan tener la respuesta del mismo candidato para estar seguros de que se prestará al contubernio y obtener después un botín a cambio de su precoima: “te doy tanto, pero quiero esta y aquella licitación si ganas”; se trata de un pacto criminal. Aunque existen los candidatos honestos, son pocos, tal vez uno en mil, los candidatos que responden: “Puedes aportar, pero sin condiciones”. He conocido uno (candidato no presidencial) que respondía así a los empresarios corruptores, quienes tras esta respuesta le retiraban su respaldo.
Para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y honestidad, entonces legislar para poner freno a esta barbarie delincuencial contra el futuro de los peruanos hace falta poner candados efectivos para evitar que la historia se repita.
Teniendo en cuenta los puntos 1, 2 y 3, la única forma de poner fin a estas modalidades de corrupción es la bancarización total de los aportes, de modo que incluso el más pequeño de estos importes sea realizado por transferencia, cargo en cuenta o cheque, no hay otra forma de evitar el “pitufeo”. El dinero en efectivo para estos fines debe ser desterrado para siempre.
Algunos dirán que eso dificultará la recaudación y será obstáculo para los ciudadanos comunes que con entusiasmo buscan aportar, pero no es cierto. En la actualidad incluso personas muy pobres, que viven de un sueldo mínimo o de un negocio informal donde ganan menos que eso, tienen una cuenta en un banco o caja municipal o rural y saben cómo realizar estas transacciones y lo harán sin necesidad de ir a la agencia bancaria, desde su computadora o su teléfono celular. ¿Qué más facilidad? Tal vez la excepción podría darse en caseríos donde no hay instituciones financieras y sólo para elecciones municipales, con topes.
Además, aunque parezca bancarización permitir que una persona vaya a una agencia y depositar efectivo, esto sería abrir la puerta al “pitufeo”. Ya hemos visto que una misma persona iba a múltiples agencias a entregar los dineros de la corrupción en pequeñas “dosis”.
Este es el punto más importante para poner fin a la corrupción que nos aplasta. Si el Congreso no plantea este cambio será porque es de interés de la mayoría de partidos que todo siga igual.
Recepción de efectivo debe ser considerada soborno
El segundo punto, no menos importante, es establecer por ley que todo aporte que no haya ingresado a los partidos por el canal de transferencia, cargo en cuenta o cheque, es decir, el dinero en efectivo en cualquiera de sus modalidades (dinero lícito o ilícito) sea considerado soborno o cohecho y lavado de activos, imputable al menos al candidato y al tesorero. Los partidos que lo permitan deben ser liquidados y, por supuesto, los responsables procesados por haber montado una organización criminal.
Es urgente también que no se limite las atribuciones de la Fiscalía o Contraloría para determinar si existió o no lavado de activos en los partidos, impidiendo que actúen sólo previo informe de la ONPE, cuando la Fiscalía ya probó que esta institución encubrió el caso de los aportes delictivos al fujimorismo, que terminaron por poner en prisión a Keiko Fujimori, con el agravante de la disminución de la pena, como ha propuesto este mes la mayoría aprofujimorista, desproósito que hasta ha merecido el rechazo del presidente del Congreso Daniel Salaverry.
La prohibición de campañas televisivas y que el Estado cargue con las franjas electorales es positiva, así como que el Estado financie a los partidos, pero que no sea para capacitaciones, pues es limitante; además, quienes son candidatos pretenden gobernarnos y deben estar ya preparados para ello. No sólo eso, hecha la ley hecha la trampa y sería muy difícil constatar que una capacitación se prestó efectivamente y menos que haya sido de calidad.
Finalmente, no debemos limitarnos a las empresas brasileñas para investigar y sancionar a fondo. Todo contrato donde el Perú se perjudica y la empresa obtiene pingues ganancias es corrupción. Hay prensa que se jacta de luchar contra la corrupción, pero por alguna oscura razón calla ante grotescos casos:
¿Por qué LAP fue postor único y se cargó el aeropuerto Jorge Chávez con una larga lista de privilegios contra el Perú, como el haber participado con un capital ínfimo para pasar a enriquecerse de frente con la recaudación, sin que ésta sea de importante beneficio para el Estado, y con la prohibición de construir aeropuertos a cierta distancia?
¿Por qué se permitió la destrucción del aeródromo de Collique para entregarlo al lucro inmobiliario, siendo que en caso de desastre era un punto estratégico de apoyo?
¿Por qué se permite que Lan Chile (ahora Lan Perú o Latam) no pague sus millonarios tributos a la Sunat, sino que los entregue directamente al fisco chileno? ¿Cuántos hospitales bien equipados y con medicinas, represas, colegios o autopistas el Estado peruano podría haber financiado? ¿Por qué goza además de exoneraciones? ¿Por qué se le entregó los cielos o quintas libertades sin licitación? ¿Por qué cargó con sus talleres de mantenimiento en el Perú para trasladalos a Chile y negar trabajo a mecánicos peruanos? ¿Por qué permiten que sean pilotos militares chilenos, entre una serie de gollerías de las cuales goza esta empresa? A ver, ¿qué dicen mermeleros de la prensa o Victor Andrés García Belaunde, compadre de un director de esta empresa, quien se jacta de luchar contra la corrupción?
¿Por qué las megaobras de irrigación que costaron a todos los peruanos fueron rematadas a precios viles a grandes empresas extranjeras negando la posibilidad de comprar lotes a pequeños y medianos agricultores peruanos, por acción de Alejandro Toledo y Alan García?
¿Qué pasó en la Línea 2 para esos costos faraónicos?
¿Por qué Ollanta Humala continuó los privilegios de saqueo a Telefónica, comenzados por Fujimori o por qué permitió que la AFP chilena Habitat ingrese al Perú sin licencia de funcionamiento en competencia desleal frente a las otras AFP, sin cumplir los requisitos de ley, sin oficinas y usufructuando los locales del Banco de la Nación perpetrando el delito de peculado de uso?
¿Por qué se negoció la exportación del gas a precio vil y que LNG decida a dónde exportar? Por ejemplo, los Estados Unidos prohíbe exportación y otras operaciones comerciales con Irán y otros países, incluso desde empresas que no explotan los recursos de los EE. UU., sino que son empresas productoras de bienes o servicios, porqué tanta libertad en el Perú.
¿Por qué el Perú compró un satélite con presunta sobrevaloración y que ni siquiera es un modelo probado, sino un prototipo que falla hasta ahora y no entregó transferencia tecnológica?
La lista de estos latrocinios es muy larga; el país exige sanción para los corruptos.
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